Una treintena de trabajadores de la Administración de Justicia se concentraron ayer en Mérida, convocados por CCOO, para denunciar que la nueva ley de Registro Civil puede suponer la pérdida de 180 puestos de trabajo en la región. Según ha explicado el coordinador regional de Justicia del sindicato, Vicente Alegre, estos funcionarios pasarían a integrarse en el ámbito competencial autonómico, pues las reformas previstas en el proyecto de ley conllevarán la reordenación y reasignación "forzosa" de efectivos sin garantía de respeto a la localidad del destino actual o a las retribuciones que se perciben.
A su juicio, supondrá también la progresiva desaparición de los juzgados de paz, que ahora tienen entre sus principales funciones las competencias del Registro Civil. Alegre ha alertado también de la "disminución radical" de la oferta de empleo público en un sector que requeriría "miles de efectivos más".
