Ninguna planta nuclear española cerrará antes del 2025 ni seguirá funcionando una década después de esa fecha. Es el acuerdo al que llegaron esta misma semana la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y responsables de las tres eléctricas propietarias de la Central de Almaraz: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Este pacto puso fin, al menos por el momento, a las desavenencias que las tres compañías mantenían respecto al futuro de la instalación cacereña y que hicieron que la posibilidad de que esta cerrase en el 2020 ganase enteros. Tras el encuentro, Almaraz parece que podrá seguir funcionando, al menos, durante seis años más, aunque sigue habiendo muchas cuestiones en el aire sobre cómo se desarrollará el desmantelamiento del parque nuclear español.

¿HASTA CUÁNDO HAY DE PLAZO PARA QUE SE SOLICITE LA RENOVACIÓN DE ALMARAZ?

Hasta el 31 de marzo las empresas propietarias tienen de plazo para solicitar la renovación de la licencia. Posteriormente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) deberá emitir un informe que, aun siendo favorable, puede imponer diferentes condiciones para el visto bueno. Se da la circunstancia de que este organismo encara un proceso de renovación que afectaría a cuatro de sus cinco miembros. Actualmente, tres de ellos están designados por el PP y dos por el PSOE, pero su composición podría quedar ahora con dos miembros nombrados por los socialistas (de los que uno sería el presidente), dos por los populares (uno, el único consejero que seguiría), y el restante por Unidos Podemos, según recoge la agencia EFE. En este sentido, respecto a los nombres que aparecen en las quinielas para ocupar las vacantes destaca el de Paco Castejón, físico nuclear por el Ciemat y portavoz de Ecologistas en Acción, quien ha confirmado contactos con la formación morada para ser presentado como candidato.

Esta variación en la composición del consejo puede influir en cómo se desarrolle el proceso de renovación de las licencias de las nucleares. Su informe es vinculante si es negativo. En caso contrario, el Gobierno es quien tiene la última palabra, que para la central extremeña debería dar antes del 8 de junio del 2020, cuando caduca su actual permiso de explotación. En el 2010, el Ministerio de Industria esperó a las siete de la tarde del siete de junio para comunicar a Almaraz que podía seguir operativa.

¿POR CUÁNTO TIEMPO SE pedirá LA PRÓRROGA PARA SEGUIR FUNCIONANDO?

Dando por supuesto que la solicitud se presente, lo que no se sabe aún es por cuánto tiempo se pedirá la prórroga. En este sentido, el Gobierno se comprometió a efectuar un cambio normativo que exima de la obligación que tienen los socios de las centrales, por estar constituidas en agrupaciones de interés económico (AIE), de tomar cualquier decisión por unanimidad y que pueda hacerse por mayoría. Eso supondría que, con un 53% de la propiedad, Iberdrola tendría el control de Almaraz. Esta compañía era partidaria en un inicio de una prórroga solo por cuatro años, lo que hace más probable que se solicite funcionar hasta el 2025 (el listón más bajo del intervalo temporal fijado), pero no puede descartarse que se haga por un plazo superior. «El periodo para decidir si se solicita o no la renovación expira el 31 de marzo. Será ese día cuando Iberdrola haga pública cuál es su decisión respecto a la central», señalan fuentes de esta eléctrica.

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ EL PROCESO DE ‘CIERRE ORDENADO’ DE LAS CENTRALES?

El ministerio transmitió su intención de que el proceso de cierre del parque nuclear se haga de forma escalonada y sea tutelado por el Gobierno y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). No está claro, en cambio, cuál será el criterio que se utilizará para ir clausurando las instalaciones. Si es el de la antigüedad, Almaraz sería la primera en parar, ya que es la que más años lleva en funcionamiento, pero podrían ponerse encima de la mesa otros, relacionados con la eficiencia de cada planta o con su seguridad. En este sentido, entre 134 reactores de Europa, Latinoamérica y China, WANO París, una asociación de operadores de plantas nucleares de ámbito mundial, situó en el segundo trimestre del 2018 a la unidad I de Almaraz en la primera posición de su ranking en cuanto a seguridad y fiabilidad, a la par que otros 6 reactores. La unidad II, aparece en noveno puesto, empatada con otras dos. Ninguna otra central española figuró por delante. También podría tener peso en el orden de cierre si la instalación tiene un reactor (Cofrentes, Trillo o Vandellós) o dos reactores (Ascó y Trillo); o qué compañía eléctrica controla cada planta.

¿Qué factores juegan A FAVOR DE LA CONTINUIDAD DE LA INSTALACIÓN?

Desde la central se ha declinado realizar ninguna declaración respecto al proceso de renovación de su licencia. No obstante, uno de los principales argumentos que en anteriores ocasiones ha esgrimido para justificar que se prolongue su funcionando es la fuerte inversión, de más de 600 millones de euros, que se ha realizado en la última década en sus instalaciones. Las mejoras se han centrado en diversos aspectos: seguridad, aumento de potencia, optimización tecnológica o cumplimiento de los requisitos derivados de Fukushima y de la autorización de explotación. Tras estas inversiones, desde la planta cacereña se ha llegado a asegurar que es más segura y tecnológicamente más avanzada que cuando inició su operación.

También se arguye el impacto económico que generaría su cierre. Un estudio del 2010 realizado por la Universidad de Extremadura —financiado por la propia central— estimó que en el horizonte de una década el desmantelamiento hubiese afectado a casi 2.900 puestos de trabajo (entre directos, indirectos e inducidos) en la región y que supondría un shock de 91 millones de euros en el PIB autonómico.

¿QUÉ ES LO QUE ESGRIMEN QUIENES PIDEN EL FINAL DE LA PLANTA?

También hay quien piensa, por contra, que la instalación ni es segura ni tan importante desde el punto de vista económico y del empleo para Extremadura. «En algún momento la Central de Almaraz va a cerrar y prolongar su agonía solo va a hacer que el desarrollo y las inversiones vayan a otro lugar en vez de a esa zona», señala Raquel Montón, responsable del Área de Energía y Clima de Greenpeace España, que recalca que Extremadura tienen «muchísimas» oportunidades de desarrollo en el campo de las renovables y que «solo hace falta que lleguen las inversiones».

En esta misma línea, nueve asociaciones conservacionistas extremeñas, las principales de la región, acordaron esta semana solicitar al Gobierno Español que no se prorrogue la actual licencia de explotación de la planta y apostaron por «la necesaria transición a 100% renovables, que se está impulsando con fuerza en Extremadura, especialmente la generación de energía solar». A través de un comunicado, estas oenegés incidieron en que «el peligro de accidente es real y las consecuencias de enorme gravedad». «La probabilidad de fallos aumenta con el número de años de funcionamiento de una instalación industrial de este tipo», dijeron, al tiempo que argumentaron que la planta ha sufrido ya «numerosas incidencias de distinta consideración».