Cristóbal Álvarez del Vayo, exdirector general de Acorex, ha afirmado que el ambiente "crispado" y de "desconfianza" que había en Acorex fue lo que provocó que "la mayoría social" del grupo convocara la asamblea de socios del 5 de diciembre de 2013, invalidada días después por la Junta y que permitió "a una minoría tomar el poder".

Álvarez del Vayo ha señalado que el 5 de diciembre de 2013 la "mayoría social" de Acorex convocó una Asamblea en la que se destituyó el consejo rector, presidido por José Gregorio Traver, y se nombró uno nuevo con Manuel Rodríguez Corrales, de San Isidro de Miajadas, como presidente.

El día 13 de diciembre, ha continuado, se emite la resolución de la Dirección General de Trabajo por la que "se declara ilegal la asamblea y se suponen nulos sus acuerdos", entre ellos su nombramiento como director general.

"Hubo un golpe de estado, el que triunfó y permitió a una minoría tomar el poder", ha expresado Álvarez en su comparecencia ante la comisión no permanente de investigación sobre las actuaciones de la Junta en Acorex y Caja Rural de Extremadura.

En su opinión, la cuestión de fondo es que "llevó a más de un 70% de Acorex a convocar una asamblea en contra de la oligarquía, la minoría que ostentaba el poder" para lo que hay que "retrotraerse unos meses atrás".

En mayo de 2013 se convocó a los gerentes a una reunión de presentación del nuevo director general Juan Luis Aceitón, donde se quedaron "estupefactos" cuando se les presentó la opción de compra de Mafresa, de la que formaba parte el último, como "algo extraordinariamente interesante para Acorex" cuando hay "un mercedes aparcado en la puerta (Acosierra) porque no tenemos gasoil".

Además, en la segunda reunión se planteó la constitución de una sección de crédito, ha indicado Álvarez, al tiempo que ha afirmado que por entonces Acorex se empezó a "llenar de asesores externos".

"Era un ambiente propicio a generar desconfianza y ante eso, la dirección funcionaba con amenazas y burofax", ha mencionado Álvarez del Vayo, quien ha indicado que los socios "no entregaban el producto por la falta de confianza" debido a decisiones "arbitrarias" y porque no se resolvía el problema financiero.

En este sentido, opina que "gran parte de la necesidad financiera que tenía Acorex estaba cautiva en Tomcoex y Acosierra", ambas en concurso de acreedores.

Al ser cuestionado por las injerencias políticas, según Álvarez del Vayo, ha habido "injerencias políticas en Acorex desde siempre", para indicar después que el objetivo de los gobernantes y responsables políticos debe ser intervenir en la vida de las personas, "el problema es con qué finalidad".

Respecto a la asamblea posterior a la invalidada por la Junta, y que se celebró en enero de 2014 con el nombramiento de Manuel Pérez como presidente, ha señalado que el acuerdo entre "ese 70% que representaban las grandes cooperativas y la minoría que ostentaba el poder" era necesario pues "había pacto o no había Acorex" aunque fue "un cierre en falso porque los problemas continuaron".

A las preguntas de Podemos sobre si hubo presión por parte de la Junta para que Gregorio Traver fuera el presidente y la relación de éste con Román Prieto, ha indicado que ambos son del mismo pueblo, Gévora, y ha mencionado que el hecho de que Traver "representara a una cooperativa pequeña no era necesariamente malo sino su manera peculiar de gestionar".

Además, ha reconocido que Prieto tuvo "un papel protagonista tanto en el nombramiento como en la cesión" de Juan Luis Aceitón como director general.

A su juicio, hubo "un grupo de cooperativas" que trató de reconquistar los órganos de dirección y, por tanto, "intereses particulares se arroparon con esa fuerza que otorgaban las instituciones para recuperar aquello que consideraban que era suyo".

"Los culpables de la situación de Acorex son los socios, que son quienes aprobaron todas las decisiones", ha sentenciado.