La Junta de Andalucía y la de Extremadura se han unido hoy para rechazar el cierre de la mina Aguablanca, en Monesterio (Bajadoz), y para pedir a la empresa que la gestiona, Río Narcea, que "no tome decisiones irreversibles" y no acometa de inmediato el anunciado cierre y despido de sus 400 trabajadores.

El consejero andaluz de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, se han reunido hoy en Sevilla con el consejero de Economía e Infraestructuras de Extremadura, José Luis Navarro, para analizar la situación de la mina de Aguablanca, que aunque está ubicada en Extremadura se accede a ella desde el Real de la Jara (Sevilla) y de los 400 trabajadores directos que tiene, unos 130 son andaluces, además de otros 250 empleos indirectos.

Ambos consejeros han reclamado a Río Narcea que no se precipite en adoptar "decisiones irreversibles y dañinas" para ambos territorios, ya que la empresa que gestiona la mina ha anunciado su voluntad de cerrar y despedir a toda la plantilla, pero no ha concretado fechas.

Le han planteado a la empresa que respete el plazo previsto de explotación de la mina hasta el año 2018 y, en este sentido, han recordado que dicha sociedad está a la espera de la declaración de impacto ambiental y de explotación subterránea por parte del Ministerio de Industria, al que el consejero extremeño ha reclamado celeridad.

También tiene identificadas otras reservas de minerales parecidos para su explotación en esa zona, por lo que han invitado a la empresa a "hablar sin la amenaza de cierre".

El consejero andaluz ha sostenido que "no es excusa suficiente para pegar la estampida" el precio actual del níquel, ya que, "si se aplica esa misma oscilación al precio del cobre o de otros minerales, todas las empresas mineras de Andalucía plantearían la misma decisión", ha alegado.

En su opinión, la "drástica decisión" de cerrar obedecerá a otras motivaciones, como una deslocalización de España o de otro tipo, pero a la variación del precio del níquel.

Además, el titular de Empleo de Andalucía ha aducido que la empresa ha tenido buenos resultados desde 2005 a 2016 y, por tanto, le ha instado a que mida la rentabilidad a largo plazo, es decir, hasta el año 2018, que era el originario para explotar la mina de Aguablanca.

Sánchez Maldonado ha apelado a la responsabilidad social de la empresa para que "no salga corriendo cuando las cosas se ponen un poco mal".

En términos parecidos se ha pronunciado el consejero extremeño, quien ha tachado de "inaceptable el anuncio de la empresa porque no se dan las razones para proceder a una acción irreversible" y ha incidido en que estas mismas oscilaciones de los precios de los metales se han repetido en otras ocasiones.

Igualmente, ha sostenido que esa empresa "lleva muchos años obteniendo importantes beneficios, que son legítimos pero les comprometen con esta tierra".

Aunque ha admitido que la solución no es fácil, ha insistido en que trabajan con la empresa y con otras administraciones como la andaluza para buscar soluciones que eviten el cierre.

La empresa que gestiona dicha mina recibió subvenciones hace muchos años del gobierno extremeño, pero ya ha acabado el plazo que exige la ley para mantener la actividad como condición por dichas ayudas, ha precisado el consejero de Economía de Extremadura.