La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Mérida y el Colectivo por la Renta Básica subirán el tono de sus protestas con una campaña de escraches dirigida preferentemente a los diputados y políticos regionales del Partido Popular. Según explicaron ayer en rueda de prensa, en los próximos días se manifestarán frente a sus casas y lugares de trabajo para exigir una cuantía "digna" para la renta básica y que se paralicen los desalojos. Por el momento, se desconocen las fechas en las que se desarrollarán y a quiénes afectará, pero los colectivos han indicado que no serán protestas violentas. "Violencia es que la Guardia Civil saque a cuatro niños de una casa. Llamar a la casa de un político no es violencia. Ellos lo hacen en campaña electoral y no se cortan un pelo", ha indicado el presidente de la PAH de Mérida, Ramón Carbonell.
Sobre la renta básica, los portavoces del Campamento Dignidad, Manuel Cañada y Marisa Prudencio, han destacado que el objetivo es conseguir "la renta básica de los iguales y no de los miserables", y han indicado que con los escraches lo que buscan es "señalar" a los políticos porque son ellos quienes administran el dinero público. Cañada y Prudencio se han mostrado muy críticos con el borrador que el pasado martes aprobó el Consejo de Gobierno sobre la renta básica ya que a su parecer, las cuantías que se recogen son "miserables". "La renta básica no es una limosna, es un derecho", apuntó Cañada, que recordó que para disfrutar de la cuantía máxima contemplada, 692 euros, es necesario que la familia tenga seis miembros. Estima que al igual que ocurre con las actuales ayudas de emergencia social, la mayoría de los preceptores recibirá la cuantía mínima, que son 372 euros. "Se ponen solo 13,2 millones para renta básica cuando hay 70.000 parados sin prestación, pero sí hay 15 millones para pagar a los políticos y los cargos de confianza", denunció el activista.
