La empresa Seguridad Ceres, adjudicataria del servicio de vigilancia del Centro de Menores Marcelo Nessi, de Badajoz, ha apartado de sus funciones en el mismo al vigilante que aparece en un vídeo golpeando con una porra a un interno, ante la presencia de otros tres empleados que lo sujetan, unos hechos que ocurrieron el 28 de julio pasado y que el joven denunció el 10 de agosto.

La consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, ya manifestó el pasado miércoles que en el momento en que el joven y la dirección del centro presentaron la denuncia por los golpes recibidos, se traslado de módulo al principal implicado, que es a quien inicialmente se denuncia. Fuentes del sector de la seguridad manifestaron a este diario que la empresa había separado de sus funciones a los cuatro vigilantes implicados, pero ningún representante de Ceres respondió para confirmar o desmentir este hecho.

La Dirección General de Infancia y Familia, por su parte, confirmó la salida del vigilante denunciado, pero no la de los otros tres implicados, pues no son objeto de denuncia, ni por tanto de investigación. Según fuentes de Junta, éstos no se verían afectados por medidas disciplinarias. No obstante, una persona que atiende el teléfono en Ceres vino a decir que hay una investigación en marcha.

Fuentes de la Junta explicaron que si no se entregó antes el vídeo al juzgado o a la fiscalía es porque no se había solicitado, y que cuando se lo han pedido, se ha entregado, "no tendrá que acudir la Guardia Civil a recoger ni el vídeo, ni ninguna otra información que soliciten el juez o el fiscal", señalaron. Y añadieron que lo que hizo el centro fue informar de la existencia del mismo, y lo entregó cuando le fue requerido.

Precisamente ayer se incorporó la grabación de las imágenes de la cámara de seguridad que había instalada en la habitación donde ocurrieron los hechos a la causa, según confirmó el fiscal jefe de la Audiencia, Antonio Mateos. Lo hizo después de que el titular del Juzgado de Instrucción 2, que instruye el caso, indicara que el día antes no se había incorporado aún.

El instructor deberá estudiar si los hechos constituyen un delito, en cuyo caso deberá pasarlos a otro órgano jurisdiccional, o se quedan en una falta, que resolvería el propio juzgado.

Antonio Mateos también indicó que aunque la causa la instruye el juzgado, en lo que se refiere a la fiscalía no lo llevará la de Menores, sino la ordinaria, debido a que tanto los supuestos agresores como la víctima son mayores de edad. Asimismo, indicó que la denuncia, inicialmente contra uno de los vigilantes, podría ampliarse en caso de que se apreciara alguna otra responsabilidad por parte de otras personas. Y aclaró que no compete a este órgano solicitar que se aparte a los implicados de sus funciones, sino que corresponde a la Administración hacerlo, normalmente cuando se llega a imputar a alguien.

El fiscal jefe no sabe por qué no entregó antes la cinta de vídeo. Sí dijo que había tenido conocimiento de los hechos, pero que correspondía actuar al juzgado desde el momento en que se hizo cargo de la causa.

COMISION DE INVESTIGACION

El PP de Extremadura ha anunciado que hoy registrará en la Cámara extremeña la petición de creación de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas en el caso de la supuesta "paliza" recibida por un menor por parte de vigilantes del Marcelo Nessi.

Así lo confirmó el secretario regional del PP, Fernando Manzano, que exigió al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que depure responsabilidades políticas en este asunto. Manzano indicó que el Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura ha pedido la comparecencia urgente de la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, para que ofrezca "las explicaciones oportunas de todo lo que pasado en el Marcelo Nessi.

Una coordinadora de barrios de ámbito nacional expresó su apoyo al interno del Marcelo Nessi que fue víctima de una paliza por parte de un vigilante y expresó su rechazo a la situación actual del sistema de justicia juvenil y de ejecución de medidas de privación de libertad. En un comunicado suscrito por ocho colectivos de Madrid, Logroño, Córdoba, Galicia y Burgos, critican el Reglamento de desarrollo de la Ley Penal del Menor, que supone un sistema de vida puramente penitenciario.