La Asamblea de Extremadura aprobó ayer, con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos, y la abstención de Podemos, la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, conocida como LOTUS, tras añadirse las enmiendas aceptadas ayer de las 173 que recibió el texto inicial. Esta normativa contempla, entre otras cosas, instalar en suelo rústico empresas de índole agroindustrial o relacionadas con el turismo, el ocio, las energías renovables o toda actividad relativa a la denominada economía verde y circular; y para lo cual los ayuntamientos le podrán dar la licencia. Solo en zonas protegidas e inundables no se podrán hacer viviendas ni ubicar actividad industrial alguna. Además, regulará los asentamientos ilegales, recoge que las personas pasan a ser la unidad de medida frente al metro cuadrado, y por primera vez tiene en cuenta la perspectiva de género y de la infancia, con una forma de desarrollar el paneamiento urbanístico que haga la vida más fácil y segura para mujeres y niños.
La LOTUS deroga la Ley del Suelo, que data del año 2001 y que exigía requisitos como la calificación urbanística autonómica o una licencia municipal específica para la implantación de una empresa agroindustrial. Sin embargo, la LOTUS lo permite sin este tipo de burocracias, resolviendo el caso con uno o dos trámites cuando antes se requerían una veintena. De esta forma, los ayuntamientos serán los encargados de otorgar las licencias en el suelo rústico, teniendo en cuenta una serie de requisitos, como que no sean zonas inundables o lugares de alta protección ambiental.
Respecto a la perspectiva de género, la discrepancia en el debate de ayer surgió en la disposición de motivos que recoge la ley, que dice: «El transporte público y su frecuencia horaria es el elemento vital para que la mujer se mueva por la ciudad». El PP pidió que este texto simplemente recoja que «es vital para la movilidad», no solo para la movilidad de la mujer, sino de todos los ciudadanos, porque «si todos somos iguales, vamos a tratarnos a todos por igual», señaló el diputado popular Miguel Cantero, algo que logró el apoyo de la Cámara.
En relación a los asentamientos ilegales, la nueva normativa prevé esta cuestión a través del desarrollo de un plan especial que estará contenido en los planes generales municipales de aquellas localidades de mas de 50.000 habitantes y en los planes territoriales para los municipios de menos de 50.000 habitantes. Los asentamientos fuera del término urbano serán regularizados pero no se calificarán como urbano, sino como asentamiento rústico, y siempre cumpliendo una serie de requisitos, como la incorporación de planes periurbanos de prevención y extinción de incendios.
Desde las filas del PSOE, que presentó 37 enmiendas, el diputado Juan Antonio González, destacó que se trata de una ley que agiliza las cargas administrativas y, sobre todo, está pensada para «la generación de desarrollo y de empleo» y «se acopla a las características del territorio».
El PP, que presentó 30 enmiendas, explicó que entre ellas figuraba dar un tratamiento «igual» a las localidades, así como «suprimir la parte de la ley en la que se dice que pueda expropiar un solar o una parcela si en 24 meses no se haya construido», indicó Miguel Cantero.
Por parte de Podemos, que presentó 106 enmiendas, el diputado Eugenio Romero recalcó que esta ley es muy necesaria para sustituir a una «legislación obsoleta», y se mostró a favor de lo que recoge la normativa en relación a la perspectiva de género, y de la edificación de determinadas empresas en suelo rústico, «siempre que no haya un impacto visual y medioambiental». Sin embargo, los diputados de la formación morada no aprobaron la ley tal y como ha quedado al ser rechazadas algunas de sus enmiendas que consideraban fundamentales, y se abstuvieron.
CONTROL DE LOS CONTRATOS // Por otro lado, el Parlamento regional también aprobó ayer la Ley de Contratación Pública Socialmente Responsable, formulada conjuntamente por PSOE y Podemos, que promueve la participación de las pymes y cooperativas, y fomenta las cláusulas sociales sobre igualdad o medioambiente. PP y Ciudadanos se han abstenido en la votación de esta norma, que contempla la creación de una oficina de supervisión de los contratos que realice la Administración regional para velar por la correcta aplicación de la legislación, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades.
La normativa entrará en vigor el 1 de enero y la oficina se constituirá en el plazo de nueve meses; por lo que estaría en marcha en septiembre del próximo año.
