El Pleno de la Asamblea de Extremadura aprueba hoy por unanimidad una propuesta de impulso por la que se insta al Gobierno extremeño a garantizar el transporte escolar para las enseñanzas no obligatorias de Bachillerato y FP.

La iniciativa, formulada por IU y defendida por su diputado Víctor Casco, considera que la supresión del transporte escolar para estos alumnos por parte del Gobierno de José Antonio Monago ha supuesto un "duro golpe" para muchas familias y también para la equidad y la igualdad de la educación en Extremadura.

Por su parte, el parlamentario del Grupo Socialista Antonio Gómez Yuste ha acusado al Ejecutivo del PP de "dejar en la cuneta a más de 7.000 alumnos" de Bachillerato y FP, con la supresión del transporte escolar para este colectivo, una medida ideológica, ha dicho, adoptada "escudándose" en la crisis.

El portavoz del Prex-Crex, Damián Beneyto, ha precisado que no cree que sea muy gravoso restituir el transporte escolar para estos alumnos, además de destacar que las enseñanzas postobligatorias "son el futuro" para muchos jóvenes extremeños.

Juan Antonio Barrios ha sorprendido con el apoyo de su grupo a la iniciativa de IU y ha dicho que el Gobierno extremeño quiere garantizar que "no haya un sólo extremeño que deje de estudiar porque no tenga acceso al transporte escolar".

Ha precisado, no obstante, que será necesario convenir que los alumnos de familias con rentas más altas paguen por este servicio, algo a lo que Víctor Casco se ha mostrado dispuesto a "hablar", porque, además, ha dicho estar convencido de que los "pocos ricos" que existen en Extremadura no usan el transporte escolar ni van a centros públicos.

El Pleno del Parlamento autónomo ha aprobado también, con los votos a favor del PSOE, IU y los regionalistas, otra propuesta de impulso, en este caso del Grupo Socialista, por la que se insta a la Junta a adoptar las medidas necesarias para que, de forma inmediata, se les asigne el código TSI 001 a los perceptores de pensiones mínimas, con lo que estarían exentos del copago farmacéutico y también del canon de saneamiento.

El PP se ha opuesto a esta iniciativa por considerar que es puramente "demagógica", ya que el Gobierno extremeño no tienen competencias para determinar los niveles de TSI y los derechos de devolución se están ejerciendo, ha dicho la diputada Francisca Rosa.

Por su parte, la parlamentaria socialista Ascensión Godoy ha indicado que entre 125.000 y 130.000 pensionistas extremeños tienen ingresos que no llegan a 600 euros, además de indicar que la reforma propuesta por Rajoy es una "bajada encubierta".

Godoy ha acusado al Gobierno extremeño de incurrir en numerosos incumplimientos con respecto a medidas como la modificación de la ley del canon del agua o la no devolución del adelanto en el copago farmacéutico que sufren los pensionistas.

La diputada del Crex-Prex Fernanda Ávila ha recordado que Extremadura tiene la segunda pensión más baja de España y ha augurado que al reforma propuesta por el Gobierno del PP, al no ligarla al IPC, conllevará una pérdida de poder adquisitivo.

Víctor Casco, de IU, ha dicho que la situación de los pensionistas en la región es tal que "algunos no es que no lleguen a fin de mes, es que no llegan ni a la primera semana".