La Asamblea de Extremadura dio ayer el primer paso en el proceso abierto para la reforma del Estatuto. Se constituyó la comisión no permanente en la que los dirigentes del PP y del PSOE deberán consensuar el nuevo texto, que según los plazos previstos debería aprobarse en 2 años.
Esta comisión estará presidida por el presidente de la Asamblea, Juan Ramón Ferreira, y junto a él estarán los socialistas Luciano Fernández, Emilia Guijarro, Francisco Fuentes, Ignacio Sánchez Amor, Francisco Torres y Estanislao Martín; y los populares Carlos Floriano, Laureano León, Tomás Martín Tamayo, Pilar Vargas y Cristina Teniente.
Ferreira avanzó que "dada la complejidad del proceso" las sesiones de la comisión se celebrarán a puerta cerrada, algo que "no debe ser óbice para que sepamos transmitir y contagiar a los ciudadanos nuestro entusiasmo por la reforma".
El presidente del Parlamento reclamó que la Cámara sea "protagonista" de una negociación que únicamente puede cerrarse con una propuesta, recordó, "adoptada por unanimidad". En este sentido, apostó por seguir "una metodología basada en el espíritu de diálogo y la búsqueda del consenso".
Sobre el texto que deberá aprobar la Asamblea, recordó las líneas marcadas por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien reclamó "un Estatuto nuevo, nuestro e indubitadamente constitucional". También debe ser un proyecto "de los valores, que venga a ordenar la convivencia y los principios rectores de las políticas públicas".
A pesar de tratarse de un debate político, Ferreira dejó claro que "la ciudadanía ha de ser escuchada". Por eso, reclamó un debate abierto y constructivo "en el que ninguno de nosotros conoce cuál debe ser el verdadero alcance de esta reforma".
La portavoz parlamentaria del PP, Pilar Vargas, admitió que este proceso "no es la prioridad de los extremeños", al tiempo que mostró su disposición al diálogo para "que el Estatuto canalice la solución a los problemas".
Por su parte, el portavoz socialista, Ignacio Sánchez Amor, coincidió con Vargas en que no se debe dar a los ciudadanos la impresión de que es "un asunto absolutamente esencial para la vida diaria", aunque "sí lo es para las instituciones". Además, apeló a las negativas experiencias que se han producido en otras regiones y solicitó "prudencia" en las negociaciones.
