Miguel y María José llevaban seis años intentando tener un hijo. Beatriz y su marido (prefiere no dar el nombre), nueve. Tras un eterno periplo por clínicas de fertilidad, varios intentos fallidos y abortos, decidieron recurrir a la gestación subrogada para «cumplir el sueño de sus vidas»: ser padres. Ya lo son, pero ahora no pueden volver desde Georgia y Ucrania con los bebés como ciudadanos españoles de pleno derecho. Ambas parejas son dos de las cinco familias extremeñas afectadas por las medidas que en los últimos meses ha implantado el Gobierno de Pedro Sánchez para poner coto a esta práctica, ilegal en España.

Miguel y María José llevan ya más de 15 días en Tiflis (Georgia) con su hijo, que nació el 12 de marzo. Beatriz y su marido partieron el miércoles a Kiev (Ucrania), tras recibir una llamada informándoles de que a su gestante, que estaba de ocho meses, le iban a practicar una cesárea de urgencia y ese mismo día nació su niño. El resto, que no han querido hacer públicos sus casos, viajarán en los próximos meses a por sus bebés.

La gestación subrogada es una alternativa a la maternidad que supone que el niño es gestado por una mujer que no lo va a criar: la pareja que no puede concebir se somete a una fecundación in vitro y después el embrión es transferido a la gestante, que se lo entregará a la pareja tras nacer. Aunque quisiera, esta tercera mujer no podría quedárselo porque firma un contrato ante notario. En España esta práctica es ilegal, pero no lo es viajar a estos países para tener un bebé por esta fórmula.

Aunque no hay registros oficiales, se calcula que son unos mil niños los que nacen por gestación subrogada cada año para parejas españolas. El proceso supone un importante ingreso económico para la mujer que pare. En Ucrania y Georgia el coste total (incluye los gastos médicos y ecografías) ronda los 50.000 euros, pero en Canadá y Estados Unidos puede superar los 100.000. Por ello también se habla de esta práctica como ‘vientres de alquiler’, un término que según Beatriz «es ofensivo» y no se ajusta a la realidad.

Esta pacense y su marido tienen 39 y 34 años y decidieron recurrir a la gestación subrogada después de nueve tratando de tener un hijo sin éxito. Empezaron a intentarlo «con toda la ilusión» pero ella, funcionaria de profesión, sufre endometriosis de grado 4, «la peor de todas», y jamás ha logrado quedarse embarazada a pesar de haberse sometido a ocho tratamientos de fertilidad. Hace año y medio, tras dos operaciones por su enfermedad, le dijeron que sus probabilidades de embarazo se movían entre el 1% y el 5% y en caso de que se lograra, la posibilidad de aborto era muy alta. Entonces, dejaron de intentarlo. Hasta que vieron en televisión una entrevista a Tamara Gorro.

«Nuestra salvación»

«Fue mi salvación», dice Beatriz, que ya se veía con todas las puertas cerradas para ser madre. La adopción tampoco era una alternativa para esta pareja: ella tenía ya 38 años y el proceso para adoptar un niño se demora «siete, ocho o nueve años». Además, señala, «queríamos tener nuestro propio hijo, como cualquier pareja. ¿Por qué los que sí pueden no se plantean antes esta opción y se reserva para nosotros?», se pregunta con indignación.

Así, contactaron con una agencia de gestación subrogada y tras un primer viaje a Kiev se decidieron. Tiraron de sus ahorros y la ayuda económica de la familia y el pasado agosto les comunicaron que su gestante estaba embarazada. «Sentí una felicidad inmensa. No me lo creía, te preguntas si es verdad o si te vas a despertar», afirma Beatriz, para quien esta mujer ha sido «mi ángel, mi salvación».

Según explica, hay «mucho tabú y mucha ignorancia con este tema», pues esta mujer «no es pobre», sino que tiene familia, trabajo estable y otras dos hijas. «Lo quería hacer por ayudarnos y así nos lo ha hecho ver», asegura Beatriz. «Yo no estoy alquilando un vientre, la mujer es la que cede su cuerpo», defiende. A ellos su familia les apoyó desde el principio y lamenta que aquí en España la gestación subrogada no esté regulada, pues tenían a su hermana, su cuñada y dos amigas dispuestas a gestar y parir a su hijo. Ahora pide que «el tema se normalice y se deje tanta hipocresía, que las mujeres decidan libremente qué hacer con su cuerpo».

Sin embargo, las leyes de nuestro país solo reconocen como madre a la mujer que alumbra (no a la que aporta la carga genética), de ahí las dificultades para regresar después con los bebés a España como ciudadanos españoles. Antes, el hombre acreditaba la paternidad mediante una sentencia de filiación o una prueba de ADN en los países en los que estas sentencias no se emiten, como es el caso de Ucrania y Georgia, e inscribía al niño solo como hijo suyo en el consulado. Automáticamente el bebé, por ser hijo de un español, obtenía la nacionalidad y el pasaporte y ya de vuelta en España la madre iniciaba un proceso de coadopción.

Pero con la llegada del PSOE al Gobierno se empezó a trabajar para poner coto a esta práctica. La última medida adoptada ha sido una instrucción del Ministerio de Justicia publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 21 de febrero: el consulado ha dejado de aceptar las pruebas de ADN para acreditar la paternidad del menor y por tanto, la única vía para regresar es que el niño lo haga con el pasaporte ucraniano o georgiano. Una vez en España, el padre deberá obtener una sentencia de filiación de un tribunal español para acreditar la paternidad y su cónyuge iniciar el proceso de coadopción.

La principal diferencia con la inscripción directa en el país de origen es que este proceso dura varios meses e incluso años, según los afectados, y puede tener consecuencias por ejemplo en la atención sanitaria del menor o la cobertura del calendario de vacunas.

Legislación internacional

Miguel, otro de los extremeños afectados, asegura que con esta instrucción el Gobierno «está saltando» por encima del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución. «Hijo de españoles, español», reitera. Este emeritense, monitor de ocio y tiempo libre, está casado con María José, natural de Higuera de la Serena, y ambos decidieron recurrir a la gestación subrogada tras seis años intentando concebir, tres tratamientos y dos abortos. Su hijo, un niño «sano y precioso», nació el 12 de marzo y llevan desde entonces viviendo de alquiler en Tiflis, capital de Georgia. Su familia también les apoyó desde el primer momento. Se decidieron al ver un reportaje en televisión y fueron al banco a pedir un préstamo. «La chica nos dijo que era el crédito más bonito que había concedido en su vida», explica.

A principios de agosto les comunicaron que su gestante estaba embarazada. «No nos queríamos hacer ilusiones porque no queríamos llevarnos otro palo y hasta la semana 16 de embarazo no lo contamos», afirma Miguel. En todo momento mantuvieron contacto con ella por Skype, y la define como «una occidental en toda regla: tiene 23 años y está casada con un empresario del mundo de la tecnología. Nos dijo que ser mamá es lo más bonito y que nos quería ayudar», cuenta.

Miguel defiende que su hijo es español desde el momento en que sus padres son españoles y lamenta que como al gobierno del PSOE «esto no le gusta», les van a poner «todas las trabas del mundo». «El problema es que se están vulnerando los derechos de los menores», insiste. Señala que ahora lo que le queda a las familias afectadas en Ucrania y Georgia es «luchar para que el Gobierno dé marcha atrás», pues en el propio PSOE hay voces como la de Mónica Oltra que abogan por un acuerdo entre ambas partes. «El debate es necesario, como en su día lo fue el del aborto o el divorcio, aunque al principio pueda parecer descabellado», concluye Miguel.