La sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional comunicó ayer su decisión de absolver a los 18 agricultores y empresarios españoles --entre ellos el extremeño Alberto García Valencia-- procesados por un presunto delito de fraude y falsedad documental en el cobro de subvenciones de la Unión Europea (UE) al sector del lino.
Según explicó el presidente de la sala, Fernando Bermúdez, "no han quedado, en absoluto, acreditados en la larga investigación" la existencia de acuerdos entre los productores y las transformadoras de lino para hacer coincidir los datos de las cosechas y obtener así las ayudas comunitarias. Asimismo, estima que no se incurrió en ningún delito y que la actuación "de todos y cada uno" de los acusados fue correcta.
De esta forma, quedan libres de cargos los 18 imputados en el caso, entre ellos Alberto García Valencia, procesado como responsable de la empresa Lino Textil Extremadura y para el que la fiscalía pedía una pena de dos años de cárcel y una multa de 9.000 euros. No obstante, la acusación --integrada por la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha y la UE-- puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.
SOSPECHAS DE LA UE El proceso comenzó a finales de los años noventa, cuando Bruselas inició una investigación a raíz del repentino incremento de la producción de lino en España, que pasó de no cultivar nada hasta el año 1992 a alcanzar las 91.400 hectáreas durante la campaña 1998-1999.
En aquellos años, la subvención comunitaria a este cultivo era de unos 1.250 euros por hectárea, cinco veces superior a la de otros herbáceos, y para percibirla era necesario justificar la transformación de la producción. La UE sospechaba que había acuerdos entre productores y transformadoras para engordar las cifras. Así, en Extremadura se cultivaron unas 10.000 hectáreas de lino mientras que la industria transformadora extremeña tenía capacidad para dar salida a cerca de 4.000 hectáreas. Además, tuvieron lugar una serie de incendios en las instalaciones de Lino Textil Extremadura que destruyeron parte de la cosecha almacenada y que hizo sospechar a la Oficina Europea de Lucha Antifraude que podría ser una estrategia para ocultar el fraude.
Sin embargo, la sentencia hecha pública ayer estima probado que el incremento de la superficie de lino cultivada procede de las fuertes subvenciones dadas por la UE a este herbáceo, lo que hizo que una "gran cantidad de agricultores decidieran cambiar sus tradicionales cultivos" y que algunos suministradores de semillas apostaran por "convertirse en transformadoras" para poder optar a las ayudas.
La Junta de Extremadura señaló ayer que esta sentencia demuestra que la región "siempre" ha cumplido con la normativa vigente en el cobro de ayudas europeas y que se realizan los controles suficientes.
