El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la firma de 26 convenios, de los 77 previstos, con ayuntamientos, entidades locales y mancomunidades para la facilitar prestación de los servicios sociales de base, de lo que se beneficiarán un total de 201 municipios.
Según ha explicado la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, para la prestación de estos servicios el Ejecutivo destina 3,3 millones de euros y con ello se recupera la estabilidad en la prestación de este servicio y la seguridad jurídica, que se había perdido en la anterior legislatura.
Ha recordado que los servicios sociales de base "son la puerta de entrada" para que los gobernantes conozcan los problemas de los ciudadanos y que estos tengan facilidad de acceso.
De los 3,3 millones de euros, la Junta de Extremadura se hace cargo del 99 por ciento frente al 80 por ciento que estaba fijado en la etapa de gobierno del PP, lo que supone "otro cambio sustancial" y un alivio para la carga financiera de los municipios, por lo que ha destacado el "esfuerzo" que hace la Junta.
El convenio, que permitirá cubrir gastos de personal y de funcionamiento, contempla aumentar de 235 a 284 el número de trabajadores sociales que atenderán estos servicios, con lo que se cumple la ratio que demanda los colegios profesionales de un trabajador social por cada 3.000 habitantes.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del suministro de bebidas, solubles y otros productos alimenticios no perecederos, para los centros adscritos al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), mediante acuerdo marco, por un importe de 424.069 euros.
La prestación de los servicios públicos esenciales que se realiza en los centros pertenecientes al Sepad demanda la contratación de una serie de suministros necesarios para el normal funcionamiento de aquéllos.
Desde la consejería se pretende impulsar medidas de carácter económico y de reorganización de los medios con los que cuenta para el cumplimiento de sus fines.
Una de las medidas concretas que se pretende llevar a cabo es la centralización en un único expediente de aquellas contrataciones susceptibles de homogeneización para evitar las diferencias en cuanto a precios y calidades de los productos que se demandan.
