Cambios en las ayudas al asesoramiento agrario, que pasan de ser una subvención directa concedida al agricultor a gestionarse por las entidades que prestan el servicio. Contarán con un presupuesto de 7,5 millones de euros hasta 2020 y según explicó ayer la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, este cambio en el modelo de gestión «no tiene nada que ver» con la investigación judicial abierta en UPA-UCE, sino que obedece a una nueva normativa de la Unión Europea que el Ejecutivo regional «tiene que cumplir».
Desde el año 2010, eran los propios titulares de las explotaciones quienes debían solicitar la ayuda para cubrir los costes del asesoramiento agrario que recibían. Sin embargo, ahora la UE obliga a hacer una licitación pública dirigida a las entidades que prestan el servicio y que están inscritas en el registro oficial, que serán en última instancia las destinatarias de los fondos. Así, el Consejo de Gobierno autorizó ayer la contratación del servicio, que cuenta con un presupuesto de 2,5 millones por anualidad. El contrato se divide en 26 lotes con los que se pretenden cubrir las necesidades de las 22 comarcas agrarias extremeñas.
Gil Rosiña aseguró que este cambio de gestión «no tiene nada que ver» con la operación judicial abierta contra UPA-UCE. Como se recordará, la Guardia Civil acusa a la organización agraria de haber desviado 1,8 millones de euros de las ayudas que captaban de sus afiliados para financiarse ilegalmente entre los años 2013 y 2015.
La portavoz reiteró que el cambio obecede a una nueva directiva comunitaria y respecto al caso UPA, volvió a mostrar su «resperto absoluto y máxima colaboración con la Justicia». Estas nuevas ayudas, por tanto, tendrán «los mismos mecanismos de control» que las de años anteriores.
