Casi justo un año después de que se presentara su borrador (ver EL PERIODICO del 28 de abril del 2009), la reforma de la ley de suelo obtuvo ayer el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta, tras recibir las alegaciones y sugerencias de diversas instituciones y organizaciones (ayuntamientos, constructores, ecologistas...). Entre sus principales novedades destaca que los ayuntamientos podrán regular "bolsas de segundas residencias", tanto para legalizar construcciones ya existentes como para autorizar otras nuevas, siempre bajo la supervisión de la Administración regional.

Además, se ha recortado la aspiración del Ejecutivo extremeño de reservar el 50% del suelo para obra pública al 40%, si bien aún supera el 30% previsto en la normativa nacional. Es uno de los pocos cambios sobre el borrador previsto, que también incluye otras novedades como la modificación de la fórmula de edificabilidad (petición de los promotores) o la simplificación del urbanismo en los municipios de menos de 2.000 habitantes.

El consejero de Fomento, José Luis Quintana, compareció ayer al término del Consejo de Gobierno para explicar los aspectos fundamentales de la nueva normativa, que ahora deberá ser aprobada por la Asamblea. Entre ellos destacó también la adaptación de la regulación de los Proyectos de Interés Regional (PIR) a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) --que anuló el decreto de ciudades mixtas--, de modo que posibilita la ejecución de proyectos alejados de los núcleos urbanos de interés turístico, de ocio, deportivo o similares, aparte de los de carácter industrial, que eran los previstos hasta ahora.