La banca pierde 97 de cada cien sentencias por cláusulas abusivas que se dictan en Extremadura. Entre el segundo semestre del 2017 y el primero del 2018, los dos juzgados específicos para abordar estos litigios que se han habilitado en la comunidad autónoma, situados en Cáceres y Mérida, emitieron 2.057 sentencias, de las que 2.008 (un 97,6%) dieron la razón al cliente. A estos órganos judiciales les corresponde conocer de forma exclusiva las demandas relacionadas con cláusulas suelo o de gastos de formalización de hipoteca, que son las que más frecuentemente abordan, pero también otras relacionadas con el vencimiento anticipado, los intereses moratorios o las hipotecas multidivisa. En este periodo, el juzgado ubicado en Cáceres ingresó 4.439 asuntos, por 5.374 el de Mérida.
La media de veredictos favorables al demandante en la región es ligeramente superior a la del conjunto del país, donde desde su puesta en marcha y hasta el 30 de junio pasado se expidieron 40.839 sentencias, de las que 39.297 -el 97,3%— fueron en este sentido.
Se trata de procesos en los que, al dilucidarse una cuestión meramente jurídica, no suele haber prueba y finalizan en la audiencia previa, sin que llegue a celebrarse el trámite final del juicio. «A mí lo que me sorprende es que todavía haya bancos que sigan oponiéndose a este tipo de procedimientos y que sostengan el hecho de que existe una información precontractual clara», sostiene Carlos Arjona, abogado especializado en consumo financiero. No obstante, puntualiza, muy frecuentemente, «aunque se dicta sentencia, viene tras un allanamiento de la entidad» a la demanda, con lo que ni siquiera llega a haber vista previa. «Depende mucho de qué entidad sea, hay algunas que se allanan a muchísimas demandas y otras que no lo hacen prácticamente nunca».
En estos doce primeros meses en marcha (aunque echaron a andar el 1 de junio del 2017, en su primer mes no se dictaron resoluciones) el juzgado cacereño tuvo una mayor actividad en lo que a emisión de sentencias se refiere, con 1.328 (64,6% del total), por 729 del situado en Mérida. También ha sido mayor la proporción de resoluciones estimatorias en el caso del juzgado cacereño (1.317, un 99,2%) que en el que se ocupa de la provincia de Badajoz (691, un 94,8%). En los procesos tramitados en este último, precisa Arjona, el criterio es algo más «restrictivo». «No se permite la reclamación de cláusulas suelo en hipotecas ya canceladas, por ejemplo».
En cuanto a las pocas demandas perdidas por los clientes, Arjona considera que el principal motivo de ellas es que en ocasiones se están presentando demandas «con determinadas novaciones» que impiden litigar con probabilidades de éxito. «Es algo que hay que analizar bien, porque en algunos casos la novación anula ya la posibilidad de reclamar», argumenta.
La cifra de asuntos ingresados por los dos juzgados extremeños hasta el segundo trimestre de este año (incluidas aquí sí las cifras de junio del 2017) es de 10.470, de los que se han resuelto por sentencia, auto final o decreto, 2.538, lo que supone una tasa de resolución del 24,2%, más de cuatro puntos por encima de la media nacional (20,1%). Desde que en el último trimestre del 2017 se contabilizaran 3.651, el número de asuntos ingresados ha ido descendiendo notablemente. En el primero del 2018 fueron 3.134 y en el segundo 1.832. En toda España han sido más de 52.000 demandas en algo más de un año. La importante carga de trabajo que han recibido estos órganos desde su creación ha causado una situación de sobrecarga de trabajo que diferentes colectivos de magistrados, abogados y sindicatos han calificado de colapso.
En el caso del de Mérida, a demandas presentadas en enero pasado no se les ha podido programar audiencia previa hasta el próximo diciembre. En el de Cáceres, las hay que tramitadas en marzo no podrán verse hasta noviembre del próximo año.
Como paso previo a acudir a los tribunales, existe un cauce extrajudicial para intentar llegar a un acuerdo con las entidades financieras sobre las cantidades cobradas indebidamente por estas cláusulas. Hasta julio, de acuerdo a los datos de la comisión de seguimiento encargada de evaluar cómo se está cumpliendo este mecanismo, se habían presentado más de un millón de solicitudes de devolución. En concreto, fueron 1.162.905, de las que 515.496 fueron estimadas y 401.326 inadmitidas,
Entre las estimadas, en 479.004 hubo acuerdo con el banco (un 41,2%). De ellas, en 420.484 la entidad reembolsó en efectivo el dinero de las cláusulas, por un importe total de 1.798,6 millones de euros, lo que supone una media de algo menos de 4.300 euros por reclamación. En otras 41.606 se procedió a la devolución por vías distintas al efectivo, y en 16.914 el reintegro se hizo con medidas mixtas. Entre estas dos últimas modalidades sumaron más de 360 millones de euros.
El plazo máximo que tiene el banco para responder a la reclamación es de tres meses. De nuevo aquí, Arjona explica que el comportamiento varía mucho de unas entidades a otras. «Algunas están respondiendo con bastante rapidez y haciendo ofertas razonables. Otras ni siquiera te responden».
