Una ayuda de 372 euros al mes que podrá incrementarse en un 10% por cada miembro de la unidad familiar. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer el borrador de la Ley de Renta básica de Extremadura, que queda sometido a exposición pública para que los ciudadanos puedan examinar el texto y hacer las aportaciones o alegaciones que consideren oportunas (en www.gobex.es) antes de que inicie el trámite parlamentario. Lejos de las peticiones de la Plataforma por la Renta Básica o los sindicatos, el borrador fija en el 70% del IPREM la cuantía de las ayudas a percibir, que en ningún caso podrán ser superiores a los 639 euros al mes ni cobrarse durante más de un año y medio. Con la publicación en el DOE, la Ley de Renta Básica inicia el trámite de audiencia e información pública, que se extenderá durante siete días hábiles contados a partir de hoy. Según explica la resolución, la brevedad del plazo está motivada "en la urgente necesidad de poner a disposición de los ciudadanos la prestación económica que la norma contempla ante la situación de crisis económica actual".

El borrador, que ya está en manos de partidos y agentes sociales, contempla una ayuda de seis meses, renovable por una sola vez por igual periodo. La cuantía se mantendría mientras persista la concurrencia y condiciones exigidos para su obtención y se cumplan con las obligaciones y compromisos de un proyecto integrado de inserción. Previo informe de un equipo técnico, el órgano competente podría acordar la ampliación de la prestación por un nuevo periodo de hasta 6 meses cuando concurran causas excepcionales o situaciones de exclusión social consolidadas. En este caso, la cuantía mensual no excedería del 80% del importe que corresponda a la familia.

INSERCION El borrador concibe la renta básica como una ayuda social destinada a cubrir las necesidades de subsistencia de quienes carezcan de los medios económicos para ello, estableciéndose como un "derecho subjetivo" de acuerdo con la terminología acuñada en las leyes más recientes en materia de servicio sociales. El texto publicado regula la percepción de la ayuda junto con la realización de medidas de inserción individualizadas para todos los beneficiarios, que se materializan en un proyecto integrado de inserción a través del cual se pretende poner en práctica "la política integrada y multisectorial de prevención y lucha contra la exclusión social". Estas medidas serían, según el texto, "un compromiso de participación activa en la superación de su situación". Entre otros aspectos se contempla también que la percepción de la renta básica quede supeditada a la búsqueda activa de empleo.