«Excelente». Este fue el adjetivo con el que ayer definió el presidente de la Asociación Española de Cajas Rurales y de Caja Rural de Salamanca, Enrique Moronta, la situación del «grupo cooperativo más importante del país». Lo hizo durante el transcurso de la reunión anual de los consejos de administración del Grupo Caja Rural que, por primera vez, tuvo lugar en la sede de Caja Rural de Extremadura.

Moronta mostró su satisfacción por la «buena salud financiera» del grupo y destacó las perspectivas que se abren de cara al futuro tras la puesta en marcha del nuevo acuerdo de colaboración mutua, denominado Mecanismo Institucional de Protección (MIP), una especie de hucha común a la que las entidades podrán recurrir en caso de necesidad incluso antes que al Fondo de Garantía de Depósitos. El MIP ya está aprobado formalmente por el grupo y ahora son las cajas rurales las que deben dar el visto bueno en sus asambleas. La de Caja Rural de Extremadura está prevista para el próximo 16 de junio.

Moronta subrayó que este nuevo marco regulatorio permitirá reforzar la cooperación entre las 29 entidades que integran el grupo, así como mejorar sus niveles de solvencia, sin traspasar una de sus «líneas rojas»: la independencia y autonomía en la gestión. Las cajas rurales --dijo-- van a continuar «como siempre, tomando las decisiones al lado de donde tenemos nuestra implantación, arropados fuertemente por nuestras empresas participadas, que son nuestro baluarte, y nuestra defensa de las cooperativas». Según el presidente de la asociación de cajas rurales, la nueva regulación contribuirá, en definitiva, «a dedicarnos a lo que verdad sabemos hacer, que es ofrecer cada vez más y mejores servicios a nuestros clientes».

En la misma línea, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, subrayó que la línea estratégica de las cajas rurales es «clara y firme»: ser entidades financieras «pegadas» al territorio y a las sociedades de cada región, sin perder de vista los avances tecnológicos para dar «un servicio de calidad a los clientes».

A la reunión de los consejos de administración asistió la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Pilar Blanco-Morales, quien señaló que la labor del Gobierno regional en este ámbito es «acompañar» en la profesionalización, transparencia y mejora regulatorias, siempre manteniendo el principio de «neutralidad». Asimismo, reconoció el servicio que estas entidades prestan y el valor que suponen los créditos cooperativos para empresas, agricultores y ganaderos, al tiempo que recordó que esta parte del sistema financiero ha atravesado la crisis «sin necesidad de pedir ayudas públicas».