Si no tienen dueño, no tributan. La Dirección General del Catastro investiga en Extremadura la titularidad de casi 2.200 inmuebles que al no aparecer registrados con dueño conocido en su base de datos, ni tributan ni pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Son en su mayoría, evasiones del fisco ligadas a la transmisión de herencias a las que, cuando los recursos públicos escasean, la Administración pretende poner coto. Para ello está realizando investigaciones en colaboración con los registros de la propiedad y los ayuntamientos y diputaciones, beneficiarios estos últimos de la recaudación. En el caso de no llegar a identificar al titular de la finca, esta se declara a favor del Estado.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, son en total 2.209 las fincas que el Catastro ha investigado en la región desde el año 2011 por estar registradas en la base de datos con "titularidad desconocida". De esta cifra, 1.481 corresponden al año 2011 y las 728 restantes, al 2012. Son casi un 50% menos en tan solo un año, pero tal vez más llama la atención que el 63% de los casos de fraude se han detectado en fincas de la provincia de Badajoz (1.397 expedientes en total) frente al 37% de Cáceres (785).
"Aunque ahora hay un mayor control, es posible que en el Catastro figuren bienes a nombres de un titular que no lo es en realidad", explica el presidente del Colegio de Administradores de la Propiedad de Cáceres, Luis Alberto Alonso. Según indica el también abogado, esta situación puede darse por múltiples causas, aunque que en la mayoría de ellas es por el fallecimiento del titular. "Han pasado años, no se ha tramitado la herencia y como consecuencia, no se ha procedido a la adjudicación del bien ni se ha inscrito a los nuevos propietarios", afirma.
El Catastro confirma que para subsanar todos estos errores y depurar las evasiones en el pago del IBI, se desarrollan investigaciones ordinarias todos los años para que una vez que se localice al titular de la finca, el ayuntamiento del municipio en el que se ubica la propiedad gire todos los recibos atrasados. En los controles, que conllevan dos tipos de actuaciones, participan todas las subgerencias territoriales del Catastro. Por un lado, el organismo estatal realiza las tareas de investigación necesarias para determinar la correcta titularidad de los inmuebles que requieren de la colaboración de las entidades locales y los registros de la propiedad. Si se determina quién es el titular, se le giran todos los recibos atrasados. Si tales investigaciones resultan infructuosas, el expediente se remite a la Dirección General de Patrimonio para que si lo considera procedente, declare la propiedad a favor del Estado.
VALOR CATASTRAL Al hilo de las investigaciones abiertas por el Catastro para que todas las propiedades tributen, Alonso explica que en la actualidad se están produciendo problemas de carácter impositivo, especialmente para los consumidores, como consecuencia del valor catastral que el Estado atribuye a las propiedades. A su juicio, este en muchos casos es "totalmente desproporcionado" con respecto al valor real de la finca en el mercado inmobiliario, lo que hace que el bien quede sobrevalorado. El presidente del colegio de profesionales pone un ejemplo. "Ocurre en los casos de venta de inmuebles y en la declaración del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El que valor que establece la Administración es muy superior al declarado en la transmisión por el consumidor y se despachan propuestas de liquidación por parte de esta sin motivar el valor asignado, que está muy por encima del valor real de mercado del bien".
Según explica, esto se debe a que no se ha ajustado la valoración que la Administración atribuye a la finca a la realidad actual. "La valoración de los inmuebles ha bajado y la Administración parece ignorarlo", dice Alonso. "Lo cierto es que como consecuencia de la crisis económica, siguen apareciendo fincas valoradas por la administración muy superiores al valor real del mercado, y esto tiene graves consecuencias para el consumidor, pues los impuestos que gravan el bien serán superiores y se tributará injustamente más por ellos, como está pasando también con el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Al consumidor como sujeto pasivo, no le queda más remedio que pagar u oponerse utilizando todos los medios o recursos legales a su alcance, lo que también es un problema, pues será un nuevo coste para este", concluye.
