La evolución del empleo y del crecimiento económico en la región antes de la crisis, de 2002 a 2007, muestra un crecimiento medio anual de la ocupación del 3,2% mientras que el PIB regional lo hizo a un 3,6%, la elasticidad empleo/PIB (relación entre ambas tasas) implica que por cada punto porcentual de crecimiento el empleo crece un 0,9%, es decir, las empresas eran menos productivas, pero demandaban más puestos de trabajo. Con la crisis de 2008, el paro aumentó en Extremadura y en España, si en su inicio, el paro era del 15% y del 9% respectivamente, en el 2014 alcanzó el 30% y 24%, no convergiendo hacia la media nacional al mantener un diferencial constante. Desde 2015, la economía regional crea unos 6.600 empleos al año y Funcas prevé que la tasa de paro se situará en el 23,7% en 2018.

Partiendo de estos datos y de una previsión de crecimiento de 2,7% en 2018, según Funcas, la ocupación en la región aumentaría un 2,4%, unos 8.900 empleos, situándose el paro en el 23,3% al final del año. Si la región tiene una alta elasticidad y capacidad de crear empleo, ¿por qué tiene una de las mayores tasas de paro? Esta situación se explica, primero, por el aumento de la tasa de actividad, del 50% en el primer trimestre de 2002 al 56% en el segundo trimestre de 2018, que aumentó la oferta de trabajo en unos 71.000 trabajadores. Segundo, a la histéresis que se dio en el mercado de trabajo durante la crisis de 2008 a 2014 que frenó las contrataciones, por el aumento del salario mensual bruto al disminuir la oferta de mano de obra cualificada. Con la crisis se perdieron unos 53.000 empleos (34.000 en construcción, 10.000 en industria, 6.000 en servicios y 3.000 en agricultura), lo que indica que la construcción estaba sobredimensionada y la industria presentaba baja productividad. Al ser intensivos en mano de obra, aumenta nuestra exposición a cambios en el ciclo económico, y esos trabajadores, que al final de contrato formaban el paro cíclico, pasaron a parados de larga duración, disminuyendo la oferta de trabajo cualificado y aumentado el paro estructural, provocando el aumento del salario mensual bruto desde los 1.446 euros en 2007 a los 1589 euros en 2014 según el Ieex. Y tercero, a las políticas de oferta de los gobiernos que veían en la rigidez del mercado laboral y en el déficit el origen del shock de empleo. La reforma laboral del 2012 buscó desregularizar el mercado de trabajo y abaratar el despido para crear empleo, pero el resultado fue el contrario ya que las empresas realizaron el ajuste amortizando puestos de trabajo sin sustitución. Por otro lado, la implementación de una política fiscal restrictiva provocó el aumento progresivo de la deuda desde el 2008 hasta el primer trimestre de 2018 en un 409% situándose en el 24,6% del PIB.

Actualmente, una alta tasa de paro del 22% junto con el aumento del riesgo de la pobreza en la región (en 2017 la tasa fue de 38,8%, la más alta por encima de la media nacional del 21,6%) y el cierre de casi 5.000 empresas de 2008 a 2014, según el INE, hace que nos preguntemos si no hubiese sido más acertado actuar con políticas sobre la demanda agregada. En el siglo pasado, Okun defendía que cambios en la demanda provocan fluctuaciones en el empleo y estos en el PIB.

La economía extremeña podría acabar el año con un crecimiento menor al pronosticado y, de esta forma, agotarse su capacidad de crear empleo según se desprende de la marcha de algunos indicadores anticipados. Las ventas minoristas se desaceleraron en mitad de año hasta llegar a tasas negativas. Por otra parte, el comercio exterior retrae crecimiento por la desaceleración de las exportaciones y el aumento de las importaciones (hasta agosto las primeras crecieron un 5% frente a un 10% de las segundas). Por último, el aumento del coste laboral en un 1,5% interanual en el último trimestre es un menor estímulo para la demanda de trabajo. Hay que añadir factores exógenos como una política monetaria menos expansiva o los problemas de los países emergentes, donde empezamos a exportar, y el ‘brexit’. Por todo ello, sería conveniente fomentar las políticas de formación y de estímulo de la inversión condicionada a la contratación de mano de obra.