El decreto no gustó en septiembre al sector de la caza, tampoco gustó la enmienda posterior que solventaba alguno de los problemas que señalaron, y la falta de diálogo con la Junta en este tiempo ha terminado con la norma que regula la recogida de los restos de monterías en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ). La Mesa de la Caza interpuso ayer un recurso Contencioso Administrativo contra el decreto 149/2016, de 13 de septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, por el que se determinan medidas sanitarias de salvaguardia sobre los subproductos animales no destinados al consumo humano, cadáveres y sus partes, de piezas de caza mayor, al objeto de controlar la tuberculosis bovina.

El portavoz de la Mesa de la Caza, Ignacio Higuero fue el encargado de llevar a cabo el trámite ayer en Cáceres «porque el texto no cumple la normativa europea ya que supera lo que dicta esta norma, es más restrictivo», señaló tras entregar el documento.

Los cazadores entienden que el decreto impugnado se extralimita aplicando su articulado a toda clase de subproductos animales no destinados al consumo humano (los conocidos como sandach), cuando únicamente debería ser de aplicación «a los cuerpos o partes de cuerpos de animales sospechosos de estar infectados con una enfermedad transmisible», según se recoge en la normativa europea y sostiene Higuero. Eso supone que lo que ahora impone el texto extremeño en cuanto a la recogida y transporte de los restos de montería a una planta autorizada solo debería ser de aplicación para los animales sospechosos de estar enfermos, que es lo que piden desde el sector de la caza. Junto a eso, reclaman que se excluyan de esta regulación las piezas destinadas al autoconsumo y los que se destinen a la venta al por menor, tal y como dicta la UE. Además cuestionan la flexibilización posterior que se introdujo sobre los cotos sociales: «no tiene sentido, si hay tuberculosis la hay para todo tipo de cotos», subrayó el portavoz de los cazadores.

Higuero incide en que lo que reclaman es «un decreto que se pueda cumplir y en el que estemos de acuerdo los cazadores y los ganaderos, que tampoco están satisfechos con las medidas que se están tomando», reivindicó ayer. Y a su juicio eso pasa por adoptar «soluciones con sentido común que es lo que marca la normativa europea».

autocrítica/ Los cazadores se mostraron en septiembre muy críticos con el resultado final de este decreto en cuya negociación participaron. De hecho cuando se publicó acusaron a la Junta de alterar el texto final. «Presentamos alegaciones al texto inicial en las que se trabajó mucho revisando la legislación europea y luego desaparecieron», recordaba ayer Higuero, que reconoció la falta de diálogo con la consejería tras la publicación de esta norma: «Hemos solicitado reuniones, pero no nos han atendido», asegura y sitúa este recurso en «la única salida».

«No es bueno acudir a los tribunales, siempre es mejor un acuerdo, pero no ha habido diálogo», dijo ayer. Además lamentó que se haya señalado a los cazadores como «únicos responsables» del problema de la tuberculosis bovina. «Nosotros hemos hecho autocrítica y todos deben hacerla, porque no somos los únicos culpables de este problema».