El secretario regional de CCOO, Julián Carretero, mostró ayer el apoyo de este sindicato a la instalación de la refinería promovida por Alfonso Gallardo, y reclamó un acuerdo entre los grupos mayoritarios de la Asamblea para consensuar una postura común. Carretero señaló además que la participación del capital público en el accionariado no debe ser temporal, como ocurre con el resto de participaciones en empresas que realiza la Junta a través de Sofiex, sino permanente, para garantizar que la sede fiscal se mantiene en Extremadura y la participación del sector público en las decisiones.

El dirigente sindical argumentó que "cualquier proyecto industrial acarrea riesgos", pero destacó el interés de la refinería por sus ventajas "en términos sociales y económicos". En cuanto a la ubicación, Carretero explicó que "no es el campo de juego del debate sindical", aunque apuntó que "debe responder a la viabilidad del proyecto, sin despreciar otras consideraciones que puedan hacerse".

Otro aspecto demandado por el secretario de CCOO es que los agentes sociales participen en el proceso, velando por la seguridad, requisitos medioambientales y calidad del empleo más allá del estricto cumplimiento de las leyes. Carretero comentó que la posición del sindicato será trasladada en breve al presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y a los promotores del proyecto. Posteriormente, se prevén encuentros con UGT, los grupos parlamentarios y los agentes económicos.

SOCIALISTAS Y POPULARES Mientras, desde Juventudes Socialistas (JJSS) se ha condicionado la postura respecto a la refinería a lo que diga el Estudio de Impacto Ambiental, que con criterios técnicos suficientes "debe evaluar todos los inconvenientes posibles, como daños a las aves, a la vegetación, incluidos los cultivos, impacto sobre las aguas, etcétera".

En un escrito, JJSS añade su preocupación de que se genere a priori una conciencia negativa "antes de poder conocer si realmente los aspectos negativos tienen la suficiente importancia como para evitar que se instale en nuestra comunidad una industria con tantos puestos de trabajo asociados".

Por su parte, el PP, en un informe debatido en su última Ejecutiva regional, mostró también sus cautelas, al señalar que el proyecto "no se puede oponer ni apoyar sin conocer todos los detalles". Por ello, los populares reclaman estudios "no sólo de la empresa, sino también de la Universidad de Extremadura e incluso de la unión europea".

Según el PP, esos estudios deben demostrar "que no se perderán jornales ni cosechas, que se va a poder seguir cultivando con normalidad, que la Denominación de Origen Ribera del Guadiana no se verá afectada, y que no se perjudicará su imagen de calidad". Sólo en ese caso apoyarán la refinería, si no, se declararán en contra.