Un total de 260 anuncios de establecimientos turísticos ilegales, de los más de 600 localizados por los servicios de inspección en Extremadura, se han retirado ya, y de ellos 68 han entregado la documentación para regularizar su situación.
La legalización de su situación significa que pagan impuestos municipales, cumplen con la normativa autonómica de seguridad, habitabilidad y turística, o estar inscritos en el registro oficial, ha declarado Francisco Martín, director general de Turismo.
Martín ha destacado los «pasos de gigante» dados en este ámbito en los últimos meses, en colaboración con los ayuntamientos, cuyo trabajo ha reconocido, aunque ha pedido un «poco más de implicación» en este ámbito. «No solo se pide la colaboración con la Junta de Extremadura, sino también que ejerzan su responsabilidad», ha dicho el director general, quien ha recordado que si estos establecimientos no están legalizados se reducen los recursos con los cuales podrían contar los propios municipios.
También ha afirmado que el Ejecutivo regional ha abierto seis requerimientos a las grandes plataformas del sector para que no comercialicen «productos tóxicos», está reformando la Ley de Turismo autonómica, y ha ganado la primera sentencia contra un alojamiento ilegal.
Martín ha explicado que el Ejecutivo defiende la legalidad del sector y el cumplimiento de la normativa urbanística y turística, pues con ello se crea empleo y calidad.
