La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha anunciado que el certificado de inexistencia de antecedentes penales por delitos sexuales, necesario para ejercer actividades o profesiones que tengan contacto habitual con menores, ya se puede obtener a través de la página web http://administracion.gob.es del Gobierno de España y mediante el DNI.

Cristina Herrera ha explicado que, desde que en agosto de 2015 se aprobara la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, es obligatorio no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito sexual para acceder a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores.

A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, en relación a lo cual la delegada ha señalado que la petición de este documento "siempre ha provocado ciertos problemas y demoras" en la tramitación desde que se aprobó la ley.

De este modo, y con el objetivo de que este certificado se pueda conseguir de forma inmediata por parte del ciudadano, ya está disponible el justificante de inexistencia de antecedentes penales y de inexistencia de antecedentes por delitos sexuales en la 'Carpeta Ciudadana', a la que cada ciudadano puede acceder a través de la siguiente dirección: http://administracion.gob.es, ha indicado.

20.000 trabajadores en Extremadura deben acreditarlo

En Extremadura, los centros educativos públicos y concertados, las escuelas infantiles, las escuelas de idiomas, los conservatorios o los centros deportivos dependientes de la Junta, entre otros, han recibido ya la "instrucción" de la Consejería de Educación y Empleo que especifica que, hasta el 30 de abril, todo el personal del ámbito educativo y deportivo que tenga contacto con menores debe acreditar no tener antecedentes por delitos sexuales contra los menores de edad.

Este requisito, que da cumplimiento a una ley estatal que protege los derechos de los menores de edad, es aplicable a todo el personal docente, ya sea funcionario o laboral, a los monitores de actividades formativas complementarias, al personal de la administración de los centros educativos y a todas las personas que trabajen prestando una función asistencial en el ámbito educativo. Según ha cifrado la Consejería, tendrán que presentar dicho certificado más de 20.000 personas.