Ocho millones de euros anuales. Ese es el origen del conflicto que mantienen en los tribunales un centenar de municipios extremeños con las compañías eléctricas Iberdrola y Endesa por el cobro de un impuesto --el de Bienes Inmuebles (IBI) de características especiales-- a los embalses de producción hidroeléctrica de la región. Los primeros han logrado cuadriplicar sus ingresos por esta vía desde el 2002. Las segundas han recurrido a la justicia al considerar que las maniobras que han permitido esta subida no se ajustan a derecho.
El origen de esta guerra se remonta casi una década. Hasta el 2002 las compañías con plantas hidroeléctricas, las empresas privadas de abastecimiento de agua, las centrales nucleares e incluso las confederaciones hidrográficas pagaban a los municipios el IBI normal --como el que abonan todos los ciudadanos por sus viviendas-- por sus instalaciones en embalses, pantanos y ríos. Sin embargo, los municipios de toda España afectados por estas infraestructuras lograron, con el apoyo de la Dirección General del Catastro, que se aprobara una modificación del impuesto incluyendo una categoría de inmuebles nueva. Así, además de bienes rústicos y urbanos, apareció el IBI de características especiales para activos energéticos, presas, caminos.
Esto permitió que el tipo impositivo aplicado a estas instalaciones se incrementara del 0,6% al 1,3%. El efecto sobre las arcas municipales fue apreciable. Solo las 60 localidades de la provincia de Cáceres integradas por entonces en la Asociación Provincial de Municipios con Embalses y Centrales Hidroeléctricas pasaron de ingresar, en conjunto, 1,33 millones de euros en el 2002 --con el IBI normal-- a 3,24 en el 2004 --con el IBI de características especiales--.
REVISION CATASTRAL Paralelamente, las administraciones locales han solicitado revisar los valores catastrales de estos embalses, al considerar que el valor atribuido a estas infraestructuras y sus instalaciones estaba desfasado. La presa de Cedillo, por ejemplo, había sido valorada en 1974 y su valor seguía siendo el mismo, 350 millones de pesetas --2 millones de euros--. Esta labor se ha realizado durante los últimos años y el ejercicio 2008 --recaudado en el 2009-- ha sido el primero en el que el IBI de características especiales se ha cobrado con la nueva valoración de los inmuebles. Los ingresos también se han incrementado, hasta rozar los 4 millones en el caso de los 64 pueblos que hoy integran la asociación provincial de Cáceres. En la asociación de Badajoz, formada por 45 localidades, la recaudación ha pasado de un millón de euros en el 2002 a 4,3 el año pasado, explica el vicepresidente de este colectivo, Pedro Ledesma, alcalde de Talarrubias. Es decir, los municipios extremeños han logrado cuadriplicar las cantidades cobradas con este IBI especial.
Este hecho, que se ha producido a nivel nacional --donde los ingresos municipales han pasado de 16 a 64 millones desde el 2002--, ha provocado que las eléctricas hayan recurrido a los tribunales tanto el cobro del impuesto --ante los juzgados contenciosos administrativos-- como la revisión catastral --vía Audiencia Nacional--. En la primera vía, los procedimientos siguen su curso; en la segunda, la Audiencia se ha comenzado a pronunciar a favor de los municipios --las demandas van embalse por embalse--. Según Miguel Angel Morales, presidente de la asociación de Cáceres, este tribunal les ha dado la razón por la ponencia de valores de Alcántara, Cedillo, Torrejón Tajo, Torrejón Tiétar, Valdecañas, Valdeobispo y Guijo de Granadilla. Sin embargo, Iberdrola ha presentado un recurso de casación, por esta decisión, ante el Tribunal Supremo. Sobre el resto de casos aún no hay dictamen.
El temor de estas localidades es que algún tribunal pueda dar la razón a las eléctricas y tengan que devolver a éstas parte de lo recaudado en los últimos años, con el impacto que eso tendría en unas arcas municipales muy castigadas por la crisis.
EL RECURSO Desde Iberdrola precisan que la decisión de recurrir tanto los criterios de valoración como las valoraciones catastrales se debe a que dentro de la revisión se han incluido como bienes inmuebles de los embalses los equipos y la maquinaria industrial que la compañía tiene en estos parajes. No obstante, la empresa hidroeléctrica subraya que, a pesar del proceso judicial abierto, durante el 2008 y el 2009 ha pagado puntualmente a los municipios las cantidades fijadas tras la última revisión catastral.
