La exclusión de servicios bancarios en municipios rurales centrará el Pleno de la Asamblea de mañana. Tanto Ciudadanos como Podemos preguntarán al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, sobre las medidas que su Gobierno piensa adoptar ante el cierre de oficinas bancarias en numerosos municipios de menos de mil habitantes, en referencia al proceso de reestructuración de servicios de Liberbank.

Sobre esta misma cuestión, el Grupo Popular preguntará a la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.

A juicio de la diputada de Cs, María Victoria Domínguez, los servicios bancarios son esenciales para la población, especialmente para la que reside en municipios rurales, donde el envejecimiento de sus ciudadanos y las dificultades de estos para acceder a la banca digital son evidentes.

En este sentido, la portavoz de Podemos, Irene de Miguel, ha apelado a «la corresponsabilidad social» de estas entidades que, «entre todos hemos salvado». En su opinión, la Junta de Extremadura está «legitimada para adoptar medidas» que impidan la supresión de las oficinas.

Desde el PP, su portavoz, Cristina Teniente, instará a Blanco-Morales a explicar «qué piensa hacer» el Gobierno regional ante esta situación, especialmente porque en Extremadura es donde el proceso de ajuste de plantillas y el cierre de oficinas es más acusado.

A este respecto, el portavoz socialista, Valentín García, ha apuntado que tanto la Junta como los ayuntamientos no tienen competencias en esta materia, y que este «problema» lo ha generado la política bancaria del Gobierno de Mariano Rajoy, «que beneficia la fusiones, los despidos y los cierres».

SOLUCIONES / Por su parte, la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, considera que si la Administración regional tomara la decisión de dejar de operar con Liberbank no ayudaría a encontrar una salida a este problema. «La Junta está en la búsqueda de soluciones y, por tanto, un posicionamiento de esas características no vendría a buscar la solución, vendría a todo lo contrario», manifestó Gil Rosiña, que ha pedido «calma y sosiego».

A Gil Rosiña le parece «muy bien» que los alcaldes protesten y el «papel importante» que están jugando en este asunto las dos diputaciones provinciales. La Junta, que no tiene competencias en este tema pero sí «opinión», aclaró su portavoz, está contribuyendo en la búsqueda de soluciones a un problema que les preocupa.

En relación con este asunto, una representación de los alcaldes afectados por los cierres de oficinas de Liberbank en 33 pueblos de la provincia de Cáceres prevén reunirse esta mañana con la vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco Morales, según confirmaron varios de ellos a este diario. En la reunión quieren trasladarle la situación a la que se enfrentan sus vecinos por la clausura de estas ventanillas y conocer también la postura de la Junta ante la decisión de Liberbank.

FIRMAS DE APOYO / Mientras tanto los alcaldes están recabando también firmas de apoyo para que se reabran las oficinas clausuradas y se detengan los cierres, que entregarán este viernes en la sede de la entidad en el Palacio de Mayoralgo de Cáceres. Además están a la espera de conocer si Liberbank adopta algún tipo de decisión respecto al número de cierres (de los 33 pueblos hay ventanillas que aún no han cesado su actividad). La entidad se comprometió a evaluarlo en una reunión prevista para esta semana , después de que los alcaldes registraran el pasado viernes un escrito en la sede de la entidad en Cáceres, ofreciendo la colaboración de sus ayuntamientos para alcanzar una solución.