La alta velocidad extremeña sigue sin coger velocidad y más bien sucede todo lo contrario. Cinco contratos de los siete que se adjudicaron en el 2015 están actualmente paralizados, principalmente por discrepancias económicas entre las empresas adjudicatarias y el Ministerio de Fomento a través de la entidad pública Adif. A ellos se unen otros dos contratos que se adjudicaron en 2014 y que se encuentran igualmente sin actividad, e igualmente por discrepancias económicas entre las partes.
Las siete actuaciones que están paralizadas sumaban 104 millones de euros cuando salieron a licitación, aunque fueron adjudicadas por la mitad: 52 millones. Entre ellos hay dos contratos que, por el volumen de su cuantía, resultan más llamativos: la construcción de la plataforma del subtramo Cuarto de la Jara-Arroyo de la Albuera (8,6 kilómetros) salió a licitación por 34,5 millones y se adjudicó por 16,5 millones y las obras de la plataforma del tramo de San Rafael- Cuarto de la Jara (8 kilómetros), se pusieron a licitación por 38,5 millones y el importe de adjudicación fue de 18 millones.
TRAMOS Junto a esos contratos, también está paralizada la ejecución de ramal de conexión al norte de Mérida; el montaje de la vía en los tramos Cáceres-Mérida y Mérida-Badajoz; la renovación de vía en las estaciones de Cáceres, Mérida y Badajoz, además de las vías de conexión a la nueva plataforma y la adecuación de los accesos a Cáceres Norte y Plasencia. Son el grueso de las actuaciones que se adjudicaron el año pasado en la región según recoge el informe anual de Adif. En él figuran 12 de los 13 contratos del AVE extremeño en 2015 --no está uno de ellos, la adecuación de accesos a Cáceres Norte porque aunque se adjudicó en diciembre no se firmó hasta enero-- y de esos 13, seis corresponden a asistencias técnicas para distintas obras. Dos contratos son relativos a las protecciones acústicas y los sistemas de seguridad de los túneles y los cinco restantes son las obras paralizadas. En algunos casos no han llegado a comenzar.
El origen en todos los casos son "dificultades sobrevenidas en el desarrollo de los trabajos", califican desde Adif, y fundamentalmente los modificados en los contratos solicitados por los adjudicatarios, que evalúan "en profundidad".
Los contratos a la baja han sido habituales en las adjudicaciones de la alta velocidad y foco de conflicto, pero desde Adif advierten que no se aceptarán incrementos sobre los importes "que no estén debidamente justificados y máxime cuando los proyectos y las condiciones en las que debían ejecutarse eran perfectamente conocidos por todas las empresas que concurrieron a los concursos, incluidas las que resultaron adjudicatarias". Añaden también que se están dando los pasos para tramitar las modificaciones y obras que sean necesarias.
