Coag Extremadura ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Badajoz la decisión del Juzgado de Jerez de los Caballeros de mantener el pago de la fianza de 600.000 euros que impuso a la organización agraria por responsabilidad civil subsidiaria en el proceso que se sigue, entre otros, contra su exsecretario regional, Luis Cortés, por el presunto fraude en el cobro de ayudas agrarias al higo.
La organización recurrió el pago de la fianza ante el propio Juzgado, pero su titular desestimó el recurso. Ante este hecho, ahora lo hace ante la Audiencia. Alega, entre otros motivos, que es un sindicato sin ánimo de lucro, que no tiene como fines actividades de industria o comercio y que la fianza decretada "perjudica el derecho a la actividad sindical de los agricultores afiliados y obliga al cierre de Coag".
En las nuevas alegaciones presentadas ante la Audiencia, la organización cuestiona que se haya solicitado una fianza sólo frente a Coag y, sin embargo, "no se haya requerido a las entidades bancarias cuyos directores han declarado como imputados, ni a las mercantiles que de las actuaciones se desprende han sido beneficiadas económicamente".
Por todo ello Coag recurre el pago de la fianza ante la Audiencia y solicita que se "sustituya esta medida por una presentación trimestral de balances y memorias de actividades acreditando ante el Juzgado la situación económico-patrimonial de Coag".
Las acusaciones se oponen y piden que se mantenga la fianza. Argumentan, entre otros hechos, la evidencia que existe de que Cortés ha utilizado la infraestructura de Coag para sus fines, "y lo ha hecho con la benevolencia de esta organización, pues resulta curioso que durante todos los años que Cortés ha estado realizando los actos que se le imputan en Coag nadie supiera nada. Por lo tanto existe una responsabilidad clarísima de esta organización", señaló Juan José Delahiz, abogado de Iniciativa Rural.
Estos argumentos los comparte Angeles Jiménez, abogada de agricultores afectados. Esta, por su parte, quiso hacer constar su crítica por el hecho de que Coag, en una de sus alegaciones, criminalice a los agricultores.
