El proceso judicial por la supuesta estafa cometida en la oficina de Banesto en Puebla de Obando sigue adelante. Ayer se ratificó en el juzgado de Montijo, encargado de instruir el caso, la primera de las denuncias realizadas por uno de los afectados. Su abogado, Antonio Rubio, aseguró que hasta el momento ha presentado ya una docena de denuncias --las dos últimas ayer mismo-- "pero aún sigue sumándose gente. Muchos han estado esperando a que el banco les diese una solución pero ya se ha cansado de esperar".

Rubio calcula que la presunta estafa ronda el medio millón de euros (teniendo en cuenta solo los 25 afectados que él representa), entre préstamos no solicitados, comisiones irregulares de tarjetas de crédito o extractos fraudulentos, pero el importe podría ser mayor, ya que la plataforma de afectados reúne a unas sesenta personas.

Las denuncias han sido presentadas contra el exdirector de esta oficina bancaria --que fue despedido tras conocerse las anomalías-- y contra Banesto. Rubio destaca que en todas ellas el juez ha dictado un auto de incoación de diligencias previas, lo que supone que se aprecia la posible existencia de infracciones penales. Esto también significa que la entidad financiera tendrá que remitir toda la información que se le ha requerido, algo que, afirma el letrado, se ha negado a hacer hasta ahora. Durante las próximas semanas continuará la toma de declaraciones a los afectados. "No queríamos llegar a este extremo pero no nos ha quedado más remedio", reiteraba ayer Rubio.

MATRIMONIO AFECTADO Yolanda Sáenz Galeano representa a un joven matrimonio de Puebla de Obando afectado por la supuesta estafa. Las negociaciones con el banco no llegaron a buen puerto por lo que también aquí hubo que recurrir a la vía judicial. En este caso la reclamación de basa en la existencia de un préstamo que no fue solicitado --tenía otros dos legales-- por importe de 16.000 euros, que posteriormente fueron retirados casi en su integridad a través de dos extractos que sus clientes aseguran no haber realizado.

Además, también descubrieron que tenían cinco tarjetas Visa desde las que se efectuaron, supuestamente, transferencias sin su autorización cuando había que cubrir algún descubierto de los créditos. "El banco se escuda en que hay una serie de documentos firmados", dijo ayer Sáenz, que explica que sus clientes no sabían qué es lo que estaban firmando. "Confiaron en la diligencia del director de la oficina", argumenta.