El Banco de España se ha situado en el punto de mira de la comisión que investiga la integración de Caja Badajoz en Caja3, pues se cree que perjudicó los intereses de la caja extremeña al remitir después de crearse el SIP las actas que recogían graves riesgos inmobiliarios de las otras dos entidades.
Esta es la principal conclusión que se extrae de la Comisión No Permanente de Investigación sobre el SIP de Caja Badajoz con Caja Círculo de Burgos y Caja Inmaculada de Zaragoza, abierta en el seno del Parlamento extremeño.
Por ella, han pasado en las últimas semanas diferentes cargos del Consejo de Administración de Caja Badajoz y exaltos cargos del anterior Gobierno regional, entre otros.
Las comparecencias orales ya han finalizado y solo resta que los grupos formulen sus preguntas al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien se ha amparado en el "deber de secreto" al que se debe por su anterior cargo para no asistir a la comisión aunque se ofrece a colaborar por escrito.
La intención de este grupo de trabajo es que el dictamen de resolución, que recoge las principales conclusiones derivadas de la misma, esté listo para el mes de enero.
Hasta entonces, lo que sí ha quedado de manifiesto es el perjuicio que ha ocasionado la integración de Caja Badajoz en el SIP, no en vano, su presidente, Francisco García Peña, reconoce la pérdida de alrededor del 50% de recursos propios de la entidad hasta poco más de 100 millones, aunque se ha congratulado de que haya "sobrevivido" en un proceso en el que muchas cajas han desaparecido.
No comparte esta opinión el actual consejero de Economía, Antonio Fernández, quien en su comparecencia a petición propia, ha asegurado que Caja Badajoz "se malfusionó" y que para "salvar algunas cajas, se sacrificaron otras" como ha sucedido en el caso de Caja Badajoz.
"Caja Badajoz no existe, no tiene ninguna autonomía, lo que existe es aquí es una fundación y una marca comercial", ha lamentado Fernández, para quien lo único que queda es "la nostalgia de que fueron nuestras, pero ya hace algún tiempo que perdimos las dos", en alusión también a Caja Extremadura, integrada en Liberbank.
Precisamente, la fusión que se barajó en su día entre Caja Badajoz y Caja Extremadura ha salido a relucir en esta comisión, pues algunos intervinientes han señalado que hubiera sido la mejor opción, ya que hubiera permitido garantizar la identidad de ambas cajas pero, han dicho, no se llevó a efecto por "personalismos".
En lo que sí han coincidido todos es en sostener que la mejor "novia" que podía tener en estos momentos Caja3 es Ibercaja, donde la entidad extremeña representa el 4% del grupo.
En cualquier caso, ha sido la actuación del Banco de España, por "negligente", lo que ha centrado todas las comparecencias.
Los intervinientes han indicado que no es normal que las actas se conocieran después de constituirse el Sistema Institucional de Protección (SIP) en enero de 2011 cuando éstas se habían realizado a finales de 2009, lo que ocasionó un grave perjuicio a Caja Badajoz.
No obstante, han eludido apuntar una intención deliberada en ello por parte de este órgano.
Tras conocerse esas actas de inspección, el proceso ya era irreversible por la desorbitada penalización que suponía salirse del SIP, del 30% de los recursos propios de la caja, tal y como se ha puesto de manifiesto.
Algunos miembros del Consejo de Administración han hablado de "amenazas" y "presiones" por parte del Banco de España para evitar esa ruptura, incluso referidas a una posible "intervención" de Caja Badajoz como había sucedido con la CAM.
En cambio, el presidente de la entidad ha indicado que él no recibió presiones ni las admitiría y que si otros las recibieron debieron haberlas expuesto en los órganos de Caja Badajoz, a los que -indica- ha transmitido "el cien por cien de la información" que obraba en su poder.
Por su parte, PP e IU, así como el propio consejero de Economía, Antonio Fernández, han defendido que se tenía que haber declarado la nulidad del SIP alegando "vicio oculto" por la falta de información en el momento de firmar el acuerdo, y, para Fernández, incluso haber recurrido a la vía judicial.
Una medida que, para el exdirector general de Caja Badajoz, Javier Chico Avilés, habría supuesto "un brindis al sol" que no hubiese llevado a ninguna parte", al contrario, podría haber perjudicado los intereses de la entidad extremeña.
Finalmente, se optó por negociar una mayor participación de la caja extremeña -que pasó del 24% inicial al 29% en noviembre de 2011, y después del 29% al 32% en julio de 2013.
Un aumento del peso de la caja que los miembros del Consejo atribuyen a las reuniones de su presidente y vicepresidentes con el Banco de España y las otras dos entidades, mientras que Antonio Fernández lo achaca a las reclamaciones por parte de la Junta, algo que ha reprochado no hiciera el anterior Ejecutivo regional.
