Apenas tres años después de la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, Extremadura quiere más. La región es de las menos favorecidas con el nuevo reparto según un estudio, y aunque mejora con respecto a la legislación anterior, sigue buscando una porción más grande de la tarta que se reparten las autonomías.
No hace ni un año que el consejero de Economía, Antonio Fernández, afirmaba que no plantearía un cambio en el sistema de momento, mientras otras regiones (Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid) ya se habían lanzado al pastel. Sin embargo, José Antonio Monago ha defendido desde el primer momento la conveniencia de un nuevo pacto que dé menos peso a la cifra de población y atienda a otras variables como el envejecimiento, la tasa de desempleo y la dispersión poblacional; "problemas estructurales que exigen también un esfuerzo por parte de la Administración central", precisa.
Casi dos años después de su llegada al Gobierno regional, Monago quiere arrimarse a la tarta. "En Extremadura no podemos prestar con la misma calidad e intensidad los servicios que en otras comunidades, sencillamente porque el modelo de financiación nos perjudica", volvió a insistir Monago esta semana pasada, como ya lo hiciera días después de su investidura.
Y lo cierto que así lo demuestran algunos estudios como el último del Instituto de Economía de Barcelona. Este recoge que de los 9.198 millones de euros de recursos adicionales que trajo aparejado el cambio del sistema durante su primer año de aplicación, Extremadura apenas recibió 159 millones, o lo que es lo mismo 136 euros por habitante, por debajo de la media española situada en 210 euros.
LA POBLACION PROTEGIDA Ese dinero adicional se repartió entre las comunidades atendiendo principalmente a lo que se conoce como población protegida "que ya tiene en cuenta variables como la dispersión y la edad de la población para el reparto del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales", explica el doctor en Derecho Financiero y Tributario de la Uex, Francisco Alvarez. "Aunque el envejecimiento no está directamente contemplado como variable en el reparto, implícitamente sí, pues en ese parámetro se establecieron siete grupos de edad, todo ello pensando en el gasto sanitario", precisa este experto.
Pese a esta apreciación, la vicepresidenta Cristina Teniente insiste en que el peso que ambos parámetros tienen en el modelo actual es ínfimo, por lo que reclama una mayor ponderación. "Solo atendiendo a la población es lógico pensar que Extremadura haya recibido menos que Madrid o Cataluña", añade otro experto en la materia, el profesor de Economía Aplicada del área de Hacienda Pública, José Manuel Cordero. Pero buscar un equilibrio es muy complicado, dicen los expertos. Cada comunidad intenta que se ponderen unos factores u otros para el reparto de los fondos, que tendrían que incrementarse ante una nueva reforma. "Para no quitar a unos para dar a otros y garantizar el mínimo que ya están recibiendo, el Gobierno tendría que aportar dinero adicional como ya ocurrió en 2009 y en la revisión anterior del 2002".
Precisamente la difícil situación económica, lejos de suponer un hándicap a la hora de plantear la reforma de la fiscalidad autonómica, es oportuna. "Más que oportuna, desde el punto de vista técnico jurídico es estrictamente necesaria", sentencia el profesor Alvarez.
LOS CAMBIOS "No solo han cambiado drásticamente las circunstancias de capacidad tributaria y de recursos financieros de los entes públicos, sino que además ha habido modificaciones legislativas de gran calado que han afectado al sistema establecido por la Ley 22/2009, como la reforma de algunos estatutos de Autonomía, y como guinda del pastel, la reforma del artículo 135 de la Constitución". Como ejemplos cita la reforma del céntimo sanitario, que se elevó al máximo y supuso un recargo a favor de las comunidades.
Así, el profesor Cordero coincide en que el sistema de financiación actual es mejorable. Además de los cambios en los tributos, este último experto reconoce que los "criterios del reparto de los fondos adicionales son difíciles de justificar desde el punto de vista económico y atienden a cuestiones políticas".
En base a esto el Gobierno regional ha vuelto a insistir esta semana pasada en una nueva reforma, aunque sin excesiva presión. "La posición del Gobierno regional no ha cambiado, no estamos diciendo que el modelo se tenga que cambiar ahora, lo que estamos diciendo es que si se abre el debate de la financiación, como parece que se está abriendo por la reivindicación de algunas comunidades, como Cataluña, Extremadura tiene mucho que decir", aseguró hace unos días Cristina Teniente. Y lo que tiene que decir Extremadura es que "quiere un modelo justo, equilibrado, basado en el principio de solidaridad y en el que se ponderen más variables como el envejecimiento y la dispersión geográfica".
Clara la presión, sine die, del Gobierno regional, el líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, no se muestra reticente a reformar el modelo que apoyó con ahínco en el 2009. "Háblese del modelo de financiación, como está reclamando el presidente de Extremadura que se modifique, pues vamos a modificarlo y vamos a hablar y ver qué se puede hacer para cambiar algunas cosas", precisó el viernes el secretario regional del PSOE, sin más detalles. En su alocución, Vara tendió su brazo a la reforma del modelo frente al soberanismo catalán. "De todo se puede hablar y si el resultado final de esa reforma nos permite seguir siendo iguales en derechos y deberes no tengo inconveniente a revisar ciertas cuestiones siempre que no se merme la solidaridad que hace imprescindible la igualdad".
Y ese principio parece asegurado ante cualquier reforma ya que la solidaridad financiera está garantizada en la propia Constitución. "El problema es su plasmación en los distintos mecanismos de solidaridad", explica Alvarez.
"Con el sistema de financiación actual se complicó el conjunto de instrumentos, estableciéndose un conglomerado de fondos que atienden al principio de solidaridad, junto con el clásico fondo de compensación interterritorial. Igualmente se arbitraron asignación de nivelación, con el objetivo de compensar a aquellas comunidades con menor capacidad recaudatoria. Estos mecanismos, en un primer momento, parecían adecuados, lo cual unido a una cesión importante de tributos con una fuerte capacidad recaudatoria como el IRPF, el IVA o los impuestos especiales reforzaban financieramente también a las comunidades más potentes. Sin embargo, la crisis se ha llevado por delante todas las previsiones y al día de hoy la situación no es la deseada para ninguna autonomía", explica este experto de la Uex.
SIN CONSUELO Así las cosas, expertos y políticos coinciden en la reforma del modelo actual. Izquierda Unida también, ya que, en palabras del coordinador Pedro Escobar, "el sistema de financiación autonómica es perverso y perjudica a las comunidades en las que hay menos actividad económica o que tienen un modelo productivo distinto a otras". Pero que Extremadura consiga con esta previsible reforma una porción de tarta mayor o más equilibrada no servirá de consuelo al presidente extremeño, que desde que se conocieran los datos del déficit (0,97%) se mantiene firme para exigir a Madrid y a Bruselas que se premie a las regiones que cumplen. "Eso sí que es un principio también de solidaridad".
