La Confederación Española de Policía de Extremadura (CEP) propone que los edificios de la sede de Presidencia de la Junta, el domicilio del presidente del Ejecutivo regional y la Asamblea de Extremadura sean vigilados por servicios de Seguridad Privada o por funcionarios de Policía Nacional y Guardia Civil en situación de segunda actividad.

Según la agencia Europa Press, el sindicato efectúa esta propuesta con el objetivo de "paliar la falta de efectivos de la plantilla policial emeritense". Así, la CEP considera que la situación "afecta actualmente a la seguridad de los edificios policiales emeritenses y a la seguridad ciudadana", ya que son 30 agentes de policía los destinados a las labores de vigilancia institucional. Estos, sin contar a los funcionarios, adscritos a la comisaría emeritense, que desarrollan su labor en servicio del 112.

Por todo ello, la Confederación Española de Policía asegura que "no puede consentir" que los dos edificios policiales de Mérida, como son la comisaría y el antiguo cuartel de la Policía Nacional, "se encuentren sin personal suficiente para garantizar la seguridad de estas sedes". Lo peor, a juicio del sindicato, es la vigilancia de los calabozos "en los que debería haber un mínimo de dos funcionarios por cada detenido y actualmente tan sólo hay un agente en estas labores, independientemente del número de presos que haya", y todo "porque uno de los dos ha tenido que ir a cubrir el servicio de los edificios públicos que se estima con mas prioridad por los mandos".

La CEP considera "muy grave" también que en muchas ocasiones se destinan policías de los vehículos radio-patrulla y policía judicial a esos servicios de vigilancia institucional y calabozos "con lo que la seguridad de los ciudadanos emeritenses se resiente". Además, califica de "necesidad prioritaria" que la vigilancia de los edificios "la asuma un servicio de seguridad privada tal y como se está haciendo en el resto de consejerías de la Junta". "Si esto no fuera posible, que se adopte la medida puesta en marcha en los edificios judiciales extremeños en los que son guardias civiles y policías nacionales en situación de segunda actividad los encargados de su custodia".