Desde dentro de la Iglesia, desde las instituciones políticas y desde la calle. Distintas formas y personas pero la misma reclamación: que Guadalupe y otras 31 parroquias del entorno formen parte de la demarcación eclesiástica de Extremadura y no de Toledo, como sucede desde hace siglos. Es una vieja demanda que sigue sumando años. Desde los arzobispos Antonio Montero o Santiago García Aracil hasta políticos de las distintas formaciones han pedido en multitud de ocasiones ese cambio de provincia eclesiástica que nunca llega. Para ello hace años se fundó la asociación ciudadana Guadalupex que ha sacado a multitud de extremeños a la calle y ha encabezado las últimas movilizaciones. Según sus datos, los primeros movimientos firmes para reclamar la extremeñidad de la virgen y los pueblos próximos se produjeron a finales de los años 70. Así, en 1978 se reunieron los obispos de las tres diócesis extemeñas junto con un centenar de sacerdotes y creyentes para debatir el asunto. El resultado fue la creación de un organismo encargado de estudiar la pertenencia del monasterio, pero no fue hasta 1999 cuando llegaron los primeros documentos de las diócesis al Vaticano solicitando la incorporación de Guadalupe a la provincia eclesiástica extremeña. Ese expediente sigue a día de hoy sin resolverse y sin avances a pesar de que la reivindicación sigue viva entre los obispos, los políticos y la ciudadanía. Sin embargo, el arzobispo de Toledo, en el que recae el cargo de Primado de España ante el Papa, se ha mostrado siempre reticente a aceptar la reivindicación extremeña: «No se le prohíbe a nadie entrar en Guadalupe. Es un problema político y me atrevería a decir que un poco nacionalista», dijo en sus últimas declaraciones sobre este asunto.
