Se acabaron aparentemente las ambigüedades. La normativa extremeña ya no podrá ser recurrida por el Gobierno central ni criticada por las asociaciones de consumidores ni por las que defienden los derechos de las personas con discapacidad. A partir de ahora la ley ya está clara: todas las gasolineras de Extremadura deberán o bien tener al menos un empleado entre las 7.00 y las 22.00 horas o bien ser accesibles. ¿Qué significa? Contar con rampas con bordes antideslizantes, espacios para maniobras, zonas libres de obstáculos, señalización visual, acústica y táctil, e incluso, en un futuro, la posibilidad de repostar sin necesidad de bajarse del vehículo.

En Extremadura una de cada cinco estaciones de servicio (casi un centenar de las 500 que están abiertas) son low cost, o lo que es lo mismo, no cuentan con empleados. Y tampoco están adaptadas. De manera que deberán optar por una u otra alternativa. Aunque en ambos casos sus propietarios tienen claro que dejarían de ser rentables.

Multas de hasta 15.000 €

Desde la Junta confirman que incumplir la normativa acarreará sanciones económicas de hasta 15.00 euros si la infracción es muy grave. Pero lo cierto es que, como ocurre con otras leyes de consumo, la Administración regional no actuará de oficio. Solo abrirá expediente si les llega la denuncia de un particular o de un colectivo, o si se llevan a cabo campañas específicas. Ahora mismo la norma que existe (y que ha tenido que ser modificada para no vulnerar competencias estatales) también incluye las mismas multas, pero no se ha registrado ninguna.

El nuevo Estatuto de los Consumidores, que en breve se publicará en el DOE y posteriormente entrará en vigor, cumple con lo acordado en la comisión bilateral Junta-Estado. No se incurre en la libre competencia ni choca con la ley nacional, que sí permite las low cost sin condiciones; Extremadura también lo hará siempre y cuando se respeten los derechos de las personas con discapacidad. Es el argumento que se ha defendido en Bruselas para llegar finalmente a casar los intereses de todas las partes.

¿Conclusión? Es la manera de empezar a poner coto a un negocio que estaba en proceso de expandirse.

Desde el otro lado

Desde la otra perspectiva, José Laín, miembro del sector de las low cost, insiste en la misma idea: «Hay muchas gasolineras que sí tienen empleados y que no atienden fuera a los clientes. Además, a determinadas horas los trabajadores no pueden salir de la caja por motivos de seguridad. Digamos las cosas claras. Lo que quieren es reducir la competencia de manera encubierta refugiándose en el tema de la discapacidad»

Pero para Jesús Gumiel, presidente de Cocemfe (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) y miembro del Cermi, el comité que ha llevado este asunto a la Unión Europea para que se respeten los derechos de todos los consumidores, se ha ganado una batalla: «Ahora la clave está en que se da la opción de que se modifique la estructura para que sí exista ese modelo de gasolineras accesibles. Y además otras comunidades como Asturias nos están imitando en la normativa».