La oposición en la Asamblea de Extremadura (PP, Cs y Unidas por Extremadura) aseguraron ayer que tuvieron conocimiento «a través de la prensa» del contrato de suministro de 65 móviles (por valor de unos 1.300 euros cada uno) y de tabletas a los diputados, algo que negó el PSOE pues se trata de «un acuerdo de todos los grupos» con representación en la Mesa.
El contrato se realiza con el propósito de dotar a las diputadas y diputados de la Cámara de las herramientas necesarias para el desarrollo de su labor en movilidad, y se establece que los dispositivos han de ser «de última generación» y garantizar la «seguridad y confidencialidad». La Asamblea, se indica, ha desarrollado desde hace varias legislaturas aplicaciones para dispositivos móviles (apps) con sistema operativo IOS, por lo que el equipamiento de movilidad a proporcionar tiene que ser compatible. En el contrato, las características técnicas y funcionalidades mínimas que definen al terminal móvil coinciden con un iPhone 11 Pro Max, último modelo de Apple.
Cuestionada por este asunto, la portavoz socialista, Lara Garlito, dijo: «El pliego se redacta por personal técnico de la Cámara y todos los grupos han estado de acuerdo en ello», al tiempo que aseguró que estos dispositivos serán la «oficina» de los diputados durante estos cuatro años.
En cambio, los grupos de la oposición aseguraron que se enteraron de este contrato por la prensa y entienden que quien debe dar las explicaciones oportunas es la Asamblea de Extremadura.
La portavoz popular, Cristina Teniente, señaló que los diputados no son los que determinan «cómo tienen que ser las características técnicas de un pliego». El portavoz de Ciudadanos, David Salazar, dijo que desconoce «si son necesarios teléfonos de la marca iPhone de última generación». Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quiso compartir el «asombro» de la población por el coste y «dispendio» que supone el hecho de que sea el «último modelo».
