El caso de Fabio Acosta se remonta a junio del 2003, cuando se incia la enfermedad y se realizan las primeras valoraciones. En Extremadura no hay servicio de nefrología infantil y el caso se deriva a Madrid.
En el 2004, la sanidad madrileña emite su primer informe contra la operación. Alegan que los riesgos son muchos y que podrían surgir complicaciones.
La familia escribe al presidente del Gobierno, a la Reina Sofía, al Defensor del Pueblo y al Defensor del Menor en Madrid para que intervengan. Estos instan al Sermas a realizar una nueva valoración del caso.
En enero del 2006 el informe de la sanidad madrileña vuelve a ser negativo, esta vez porque creen que "no mejoraría la calidad de vida del paciente".
La familia pone una reclamación en el hospital y en julio se presenta una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se declara incompetente.
En octubre, presentan otra demanda ante el Juzgado de lo Social de Plasencia, que dicta sentencia en diciembre.
