Extremadura ofrece algunos ´vacíos´ a la hora de aplicar la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores según se desprende del informe elaborado por el Defensor del Pueblo en relación con el primer año de vigencia de este texto normativo. En ese sentido, el documento advierte del retraso en la tramitación de los procedimientos jurídicos, con demoras de entre 2 y 4 meses de duración.
En Cáceres, la Fiscalía General del Estado reconoce los retrasos por parte del Colegio de Abogados a la hora de designar letrado de oficio al menor, careciendo los mismos de una formación específica para defender este tipo de casos. En esta provincia, tanto el Colegio de Abogados como la Junta de Extremadura han advertido de que las labores correspondientes al Juzgado de Menores de Cáceres están siendo desarrolladas por el Juzgado de Primera Instancia número 4, el cual tiene que simultanear el trabajo que generan los dos órganos judiciales, situación que no se produce en otras provincias.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado también detectó importantes retrasos en los procesos abiertos en los que se ven afectados menores en la provincia de Badajoz. En ese sentido, han detectado demoras en la emisión de los informes técnicos que ha llevado a que algunas faltas cometidas por menores han llegado a prescribir. Este problema se ve potenciado además por las dilaciones en la designación de abogados por parte del Juzgado.
En los casos de los menores tutelados por la Consejería de Bienestar Social, éstos son asistidos por abogados adscritos al gabinete jurídico de la Junta. Aquellos menores no tutelados se solicita para ellos la designación de magistrados de oficio al juzgado de menores.
OTRAS NECESIDADES
El informe del Defensor del Pueblo advierte además de otras deficiencias, como la inexistencia en Cáceres de dependencias policiales y judiciales destinadas para los menores cuando son detenidos. Además en Badajoz se considera necesario crear un grupo de policía especializada para los jóvenes.
Para el cumplimiento de medidas disciplinarias Extremadura cuenta con un centro de día en Mérida y un centro para la ejecución de internamientos, localizado en Badajoz y con un total de 44 plazas para menores de ambos sexos. Ambos centros son de titularidad y gestión por parte de la Junta de Extremadura. Esta oferta se considera suficiente para cubrir las necesidades generadas en la comunidad autónoma. El coste medio de atención a un menor en este centro es de 445,62 euros por día, 75.000 pesetas.
Según el estudio del primer año de vigencia de la ley del menor, durante el 2001 se ejecutaron un total de 26 medidas de internamiento en régimen cerrado, 10 acordadas por sentencia firme y 16 medidas de internamiento cautelar siendo la duración media de estancia en el centro de 6 meses. En relación con el número de fugas perpetradas por menores que se encontraban en régimen cerrado fue de 23, todas protagonizadas por cinco menores en el centro Marcelo Nessi, de Badajoz.
