La defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura, Eva María Molinero, subraya que aunque han disminuido las quejas por el incumplimiento de la ley de tiempos de respuesta para la atención especializada, es «inadmisible» que haya pacientes que superen los plazos.

Molinero ha comparecido a petición propia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura para exponer la memoria correspondiente al ejercicio 2018, cuyos datos ya fueron publicados la primavera pasada. Entre los datos, destacó que el año pasado tramitaron 2.497 expedientes, un 4 % menos que en 2017. De ellos, 1.220 fueron reclamaciones y sugerencias por la atención, un 3,4 % mas que el ejercicio anterior, y que en su mayor parte, 951, se debieron a quejas por la demora en las citas para revisiones.

El área de Mérida estuvo en cabeza en términos absolutos y. relativos de reclamaciones presentadas (42 %). Del total, se aceptaron 701 y el 98,8 % acabaron en acuerdo tras la mediación de esta institución.

Molinero aclaró que las citas para estas consultas de control y seguimiento las marca el facultativo, ya que no hay una normativa específica que fije los plazos, como sí ocurre con la ley de tiempos de respuesta.

En este sentido, la institución ha recibido 1.227 peticiones, un 11% menos, para que se cumpliera con esa ley, que establece 60 días para la primera consulta de especializa, 30 para las pruebas diagnósticas y 180 para las intervenciones quirúrgicas, y se aceptaron 924. En este punto, 616 solicitudes (un 3 % más) fue por demora en primeras consultas; 346 por retrasos en las intervenciones quirúrgicas, con un “significativo” descenso del 21 %; y 315 son por las pruebas diagnósticas, lo que también supone una caída del 21 %.