De nuevo indignación en UPA-UCE con los últimos pasos en el marco de la Operación Tellus en la que la Guardia Civil investiga la presunta financiación ilegal de la organización agraria, a través del desvío de fondos de subvenciones de la Unión Europea y la Junta. Según explican fuentes de la Guardia Civil, ayer estaban citados a declarar tres trabajadores vinculados a la organización agraria (dos de ellos en activo y un tercero que ya no trabaja para la organización) y tras comparecer en la Comandancia de Cáceres y prestar declaración, uno de los trabajadores ha quedado detenido en las dependencias del instituto armado a la espera de que hoy pueda prestar declaración ante el juez. La otra empleada y la exempleada de la organización agraria fueron puestas en libertad, una de ellas por motivos de salud, aunque también deberán pasar por sede judicial en las próximas horas.
Desde la organización agraria mostraron sorpresa e indignación por este arresto y explicaron que los tres trabajadores habían acudido a prestar declaración «voluntariamente» y que en la comandancia expresaron su «disposicón favorable a colaborar con la justicia» aunque solicitaron declarar directamente ante el juez lo que, explican, «fue rechazado por la Guardia Civil».
El detenido es un técnico de UPA-UCE al que la Guardia Civil considera relacionado con le presunto fraude en subvenciones, blanqueo de capitales y falsificación de documentos que se investiga en la Operación Tellus y por el que están en prisión desde hace más de un mes el dirigente, Ignacio Huertas y el secretario de Organización, Maximiano Alcón. El Instituto Armado rehusó dar más detalles sobre la detención, aunque hoy prevén ampliar la información sobre los avances en la operación.
En los próximos días están además citados a declarar otros empleados dentro de la investigación que la Guardia Civil está llevando a cabo por el presunto entramado por el que se habrían desviado 1,8 millones de 5.500 subvenciones para la financiación de UPA-UCE.
La organización acusó ayer a la Guardia Civil de «abusos y coacciones contra los trabajadores» y calificaron de «desmedida» la actuación policial. A través de un comunicado afirmaron que los trabajadores fueron ayer «sometidos por la Guardia Civil a presiones para que prestaran declaración en sus dependencias bajo advertencia de quedar detenidos en los calabozos, amenaza que finalmente han cumplido».
