La Diputación de Cáceres registró ayer en la Subdelegación del Gobierno sus alegaciones contra la candidatura de Albalá a acoger el almacén temporal (ATC) de residuos de alta radiactividad. Cuatro argumentos presenta ante el Ministerio de Industria, al que insta a descartar la opción extremeña. Entre esos motivos, está la posible nulidad del pleno extraordinario y urgente en el que el ayuntamiento albalense aprobó concurrir al proceso de elección abierto por el Gobierno.
En este sentido, desde la Diputación de Cáceres se entiende que el acuerdo plenario del 29 de enero en Albalá pudo vulnerar el artículo 23 de la Constitución, sobre el derecho de participación. Para el organismo provincial, no está justificada la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente para el último día del plazo dado por el Gobierno cuando la decisión se pudo haber estudiado en cualquiera de los plenos ordinarios celebrados durante el mes de enero --incluido uno el día anterior, el día 28--. Además, considera que los ediles no dispusieron de la información adecuada para pronunciarse sobre el tema.
De esta forma, la diputación se suma en su argumentario al PP extremeño, que ha presentado un recurso contencioso administrativo en los juzgados de Cáceres en el que pide la nulidad del pleno municipal de Albalá en el que se tomó la decisión. El presidente de la diputación, Juan Andrés Tovar, registró ayer en persona las alegaciones de la institución provincial y se mostró confiado de que Industria desestimará la candidatura extremeña. Sin embargo, no se pronunció sobre si cabe la posibilidad de que se sumen a la vía judicial emprendida por los populares.
Respecto a los otros tres argumentos esgrimidos, la diputación defiende que no hay consenso social ni político en la región para ubicar el ATC en Albalá; que la instalación supone una amenaza para el desarrollo económico, turístico y agroindustrial de la zona; y que pondría en peligro la conservación de espacios naturales protegidos próximos a esta localidad. Hoy finaliza el plazo para que la instituciones públicas presenten sus alegaciones.
