El Pleno de la Asamblea de Extremadura debatirá el ueves, día 3, sendas iniciativas del PP y del PSOE para debatir la situación del sector agrario tras las recientes protestas de las organizaciones agrarias por temas como los bajos precios de los productos, así como para plantear el apoyo de la cámara al campo. Así lo explica los portavoces parlamentarios del PP y del PSOE, Teresa Angulo e Ignacio Sánchez Amor, respectivamente, y recoge la agencia Efe.

Según Angulo, su partido quiere se hable sobre la situación de "auténtica ruina" del campo e instará a la Junta a adoptar medidas de respaldo como "un plan de financiación y refinanciación de las deudas" de los productores, y otro de "viabilidad" de cada subsector. Se trata de evitar "la enorme pérdida de renta y el cierre de explotaciones".

Por otro lado, subraya que el PP ha presentado otra propuesta de impulso para, ante el "incumplimiento" del anuncio del presidente regional, Guillermo Fernández Vara, de crear el Instituto de Finanzas de Extremadura para paliar las dificultades de financiación de pymes y trabajadores autónomos, reclamar información y "exigir que se cumpla el compromiso".

Angulo destaca también que el Pleno debatirá el Proyecto de Ley del Estatuto de Extremeños en el Exterior para "igualar los derechos de los extremeños del exterior y de los que vivimos aquí", y otro para enajenar viviendas sociales de la Junta para que puedan comprarlas sus adjudicatarios.

Por su parte, Sánchez Amor anuncia que el PSOE ha presentado una enmienda a la propuesta de impulso del PP sobre el sector agrario para "añadir consideraciones que constaban en la tabla reivindicativa de las organizaciones agrarias en su manifestación de Madrid". Se trata de que "la imagen que se ha dado por las fuerzas políticas en general de apoyar la situación del campo en Extremadura y en España en general podamos seguir dándola desde la Junta llegando a un acuerdo sobre un texto".

Sobre el Proyecto de Ley del Estatuto de Extremeños en el Exterior, el dirigente socialista indica que se trata de "poner al día" la actual Ley de Extremeñidad para de adaptarla a las actuales situaciones y, con respecto a la enajenación de viviendas sociales regionales, que es preciso "poner el parque de viviendas a disposición de los usuarios".