Las demandas de disolución matrimonial —de separación o de divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas— presentadas en los juzgados extremeños han descendido algo más de un 20% en los últimos cuatro años. De esta forma, se ha pasado de las 2.775 demandas tramitadas en el 2015 a las 2.219 del año pasado. Es lo que revelan los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial dados a conoce ayer, que para el 2019 recogen un descenso interanual del 7,2% en este tipo de asuntos.
La tendencia que se observa en la región está en consonancia con la que se experimenta en el ámbito nacional, donde las demandas de disolución matrimonial se redujeron en el 2019 un 1,9%, completando así un lustro entero de disminuciones.
Al margen de una evolución también a la baja en el número de matrimonios que se ha ido produciendo de forma paralela, el menor número de rupturas matrimoniales tiene su origen «fundamentalmente» en una cuestión relacionada con el bolsillo. Romper los vínculos personales conlleva también hacer lo propio con los económicos, recuerda el abogado extremeño Juan Manuel Rozas. «La liquidación de la sociedad de gananciales implica que la casa que está hipotecada se tiene que repartir y que alguien se tiene que ir a vivir fuera», detalla. «Falta dinero para litigar y también falta estabilidad económica posterior para poder adquirir otra vivienda o para un alquiler», apostilla.
Una circunstancia que puede influir también en que durante el pasado año hayan disminuido en mucha mayor medida los divorcios contenciosos, un 10,4%, hasta 843, que los consensuados, que bajan un 2,8%, hasta 1.236. «Un divorcio contencioso puede costar incluso cinco o seis veces más que uno consensuado, sobre todo porque en este último hay un solo procurador y un solo abogado», puntualiza Rozas. Si hay litigio, explica, el coste puede situarse entre los dos mil y los tres mil euros.
¿Y cuáles son las causas más recuentes que desembocan en litigios? La más habitual, responde Rozas, es la de «quién custodia a los hijos», que tiene también una vertiente económica, ya que este punto es el que condiciona quién paga y quién no la pensión alimenticia. La segunda fuente de discusión suele ser la de la atribución de los horarios de visita y de recogida de los menores —y la distribución de las vacaciones con ellos—, por encima de la partición y liquidación de la sociedad de gananciales, «que aunque es un procedimiento que va al margen y es posterior, también suele ser bastante lacerante».
En cuanto al perfil de edad de los demandantes, esgrime, «la franja que va de los 35 a los 40 años suele ser la más prolífica. A partir de ahí y hasta los 60, hay menos divorcios y separaciones, y en edades más avanzadas ya son pocos».
Otro aspecto que hay que tener en cuenta de estos datos es que de ellos quedan fuera los divorcios y separaciones llevados a cabo por los notarios, posibilidad que introdujo la Ley de la Jurisdicción Voluntaria del 2015, y para los que deben producirse varios requisitos, entre ellos que exista mutuo acuerdo y que los cónyuges no tengan hijos menores no emancipados. En los dos primeros años y medio con la ley en vigor unas doscientas parejas firmaron las escrituras de separación o divorcio en la comunidad autónoma ante estos funcionarios públicos.
Por otro lado, Extremadura es la tercera comunidad autónoma con la ratio más baja de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes, con 20,8, solo por encima de Castilla y León (18,4) y País Vasco (19,7). Por contra, la mayor proporción se registró en la Comunidad Valenciana (26,7). Le siguen las Islas Baleares (26,5); Canarias (25,7); Andalucía (24,3); Cataluña (24); Asturias (23,7) y Murcia, (23,6). La media nacional se sitúa en 23,3.
En el conjunto del país, el año pasado se presentaron un total de 109.567 demandas de separación y divorcio.
