El Ministerio de Medio Ambiente (MAPAMA) ha resuelto favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina Aguablanca, dos años después desde que la entonces firma propietaria de los derechos explotación de la mima -Lundin Mining- solicitara la DIA para ampliar la actividad al subsuelo de la misma.
Dos años que han desesperado a la zona sur de Extremadura, al norte de Huelva y Sevilla, y muy especialmente a los pueblos de Monesterio, el Real de la Jara y Santa Olalla de Cala, localidades de las que procedían muchos de los trabajadores antes del cierre de la mina.
Río Narcea, filial de la multinacional canadiense Lundin Mining, que explotaba el yacimiento, decidió abandonar y cerrar la mina alegando razones económicas, a pesar de que había anunciado que continuaría la extracción de mineral existente en las galerías subterráneas, una vez agotados los recursos en superficie.
Para llevar a cabo este proyecto, en el que se estimaba una producción de casi 3,2 millones de toneladas de níquel y una vida útil de unos tres años, la empresa presentó en junio de 2015 la solicitud de DIA ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
Ante la falta de noticias, Río Narcea comunicó, hace ahora un año y medio, la puesta en marcha de un ERE, cuya ejecución supondría a la postre la pérdida de empleo para cerca de 400 trabajadores, entre directos e indirectos.
Tras un encierro de los trabajadores, el comité de empresa, el mediador de la Junta de Extremadura y los asesores de los sindicatos firmaron el acuerdo alcanzado con la empresa, que permitía mantener los empleos hasta el 30 de junio de 2015, fecha en la que Aguablanca cerró su explotación.
A la vez que se esperaba esta declaración, la Junta de Extremadura comenzó a buscar empresas que quisieran hacerse cargo de la explotación en subsuelo cuando llegara la DIA.
De hecho, la firma Valoriza Minería, filial de Sacyr dedicada a la actividad minera, adquirió en noviembre de 2016 los derechos de la mina, que llevan aparejados los permisos de investigación y sondeos de níquel y de otros minerales.
Con esta adquisición, Valoriza Minería adquirió la totalidad de los derechos de exploración de Aguablanca, pues desde hace dos años ya disponía del 50 % de los mismos.
Tres meses después (febrero de 2017), la empresa comunicó el despido a 16 de los 25 trabajadores que aún quedaban en la planta en labores de limpieza y mantenimiento, como consecuencia de la incertidumbre de la DIA.
A la cronología de hechos se suma la cronología de conversaciones, peticiones de documentación técnica, reuniones, propuestas, manifestaciones y plazos.
La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados aprobó en marzo de 2016 instar al Gobierno a presentar, a ser posible, antes del 30 de abril, la resolución de la DIA.
Tampoco se cumplió cuando un mes después -abril de 2016- el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, le dijo a la diputada de Podemos Amparo Botejara que la DIA estaría en un plazo de "alrededor de un mes".
Posteriormente, la Dirección General de Minas apuntó la fecha de finales de ese año para la declaración de la DIA
"En teoría, en el peor de los supuestos, tendría que haber sido resuelta en un plazo máximo de seis meses", es decir, en diciembre de 2015, han mantenido siempre los sindicatos.
Los alcaldes de los municipios afectados también pidieron la DIA a lo largo de este tiempo, a la vez que los trabajadores recorrían las calles de Badajoz y de Monesterio para exigir la actividad minera en Aguablanca.
Y por si fueran pocas las reuniones, el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, también se desplazó varias veces a Madrid para exigir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que tramitara con la "máxima urgencia posible" la autorización para la explotación subterránea de la planta.
Tampoco dio resultado alguno que el pleno del Parlamento regional aprobara en junio de 2016 una declaración que instaba al Gobierno central en funciones a aprobar de forma "inmediata" la DIA.
La clave de estos dos años ha estado en los informes técnicos que en varios ocasiones solicitó el Gobierno, especialmente a la empresa, al observar "incertidumbres" que dificultaban determinar "con un grado de certeza elevado" que no se fueran a producir impactos sobre el medio ambiente.
Hoy, dos años después, con todos los datos e informes posibles, y de acuerdo con la ley, la Declaración de Impacto Ambiental ha llegado y es favorable.
