El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida ha citado a declarar como imputados a dos exdirectores generales de la Junta de Extremadura por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Se trata de José Luis Andrade, exdirector general de Ordenación Industrial y Política Energética, y de María Angeles Pérez, exdirectora general de Evaluación y Calidad Ambiental de la Junta de Extremadura.
Según se afirmó ayer en una nota de prensa remitida por el despacho Casavegas Abogados, la imputación de estos dos exaltos cargos está vinculada a la explotación de una cantera de áridos situada en el término municipal de Garrovillas de Alconétar. Se trata de la misma cantera cuya ampliación fue paralizada por el Gobierno autonómico en agosto pasado tras una denuncia realizada por la organización conservacionista Adenex para evitar daños en varios yacimientos arqueológicos.
También se ha llamado a declarar en calidad de imputados, indica la mencionada nota, a "María Antonia Valero Jiménez, jefa de la Sección de Minas, y a José Manuel González Pérez, director facultativo de la cantera y marido de la anterior", además de a los representantes legales de la empresa minera CG Minería SL, titular de la explotación.
El procedimiento tiene su origen en una denuncia penal presentada en marzo pasado por los propietarios de los terrenos anexos a la cantera, que denunciaron que se había producido una circunstancia excepcional de incompatibilidad por el vínculo familiar existente entre la jefa de Sección de Minas y su marido. A juicio de los denunciantes, estaban sufriendo una situación de indefensión en los diferentes contenciosos que enfrentan a las partes, tanto en materia medioambiental como en los relacionados con la explotación minera.
VÍA DE URGENCIA
Desde Casavegas Abogados se precisa que el Consejo de Gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara "aprobó en su penúltima reunión antes de las elecciones autonómicas y municipales un decreto por el que se declaraba la urgente ocupación de los terrenos necesarios para la ampliación de la explotación Villaluengo I, en Garrovillas de Alconétar". Lo hizo, agrega, a pesar de no disponer del preceptivo informe de impacto medioambiental "y pese a los vínculos familiares denunciados que, según los denunciantes, han viciado todo el procedimiento".
El grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Extremadura indicó ayer en un comunicado que "considera que ese expediente se hizo conforme a la Ley y con todos los informes preceptivos necesarios". Además, subraya que los exdirectores generales "no tenían ninguna vinculación con la empresa y que actuaron, como durante el desarrollo de toda su gestión, de acuerdo a la legalidad".
