Los alumnos que tenían previsto ayer presentarse al examen de ámbito social del Plan de Formación de Jóvenes Desempleados de 18 a 25 años tuvieron que darse la vuelta. El pasado lunes comenzaron las pruebas del primer cuatrimestre, cuyo aprobado dará acceso, junto con la evaluación de los docentes, a los primeros 500 euros de los mil que la Junta ofrece a parados de estas edades a cambio de obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Pero la de ayer se canceló después de que la Consejería de Educación detectara la filtración a través de las redes sociales del test previsto. El PSOE, que había alertado el jueves de esta posibilidad, pidió responsabilidades, mientras que la consejera, Trinidad Nogales, aseguró que se "depurarán" y anunció una investigación.
El examen se traslada al próximo martes y se sumará a los ya celebrados el lunes pasado, del área de comunicación, y el miércoles, la parte científico-tecnológica. La consejera explicó que pretenden "que los alumnos vuelvan a retomar sus pruebas dentro de la mayor legalidad y mayor rigor para que nadie se sienta perjudicado". Al respecto indicó que habían actuado con "absoluta responsabilidad y celeridad" en cuanto han tenido constancia del incidente, así como que se ha abierto una investigación para "depurar responsabilidades".
Antes el secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, se refirió a este tema en rueda de prensa considerándolo de "enorme gravedad" y asegurando que la consejería debería "aclararlo muy bien" y tendrá que haber "responsables". El portavoz socialista de Educación en la Asamblea, Luciano Fernández, recordó que tuvieron constancia de esta cuestión la tarde del jueves y alertaron de ella, para evitar irregularidades en el examen. Fernández coincide en la trascendencia del problema, que relaciona con la falta de solidez de la llamada ESO de los mil euros, que considera más una "acción de marketing", que una verdadera "opción formativa".
En el programa, que arrancó en noviembre, se matricularon unos 2.500 alumnos, el 64% de las 3.900 plazas previstas inicialmente. La Consejería de Educación admitió esta semana una tasa de abandono del 40% --similar a la educación para adultos, indica--, lo que supone que un millar de estudiantes han dejado las clases. Los que continúan han tenido ahora que afrontar las "pruebas de objetivación" del primer cuatrimestre, a las que seguirán otros días de evaluación extraordinaria en abril, para quien precise recuperar. El esquema se repetiría en julio, y dará a su vez acceso a los otros 500 euros.
En centros como el de Educación de Adultos de Cáceres la orden se recibió minutos antes de iniciar la prueba fijada a las 9.30 horas. "Nos hemos encontrado la sorpresa cuando hemos llegado y así se lo hemos comunicado a los alumnos. No sabemos cómo puede haber pasado", aseguró Araceli Rubio, la directora, minutos antes de viajar hasta Mérida, donde la Consejería había citado de urgencia ayer por la mañana a todos los coordinadores de los centros que imparten este plan formativo en la región. También en el Instituto de Educación Secundaria Emerita (IES) Augusta de Mérida la llamada del coordinador de su centro de referencia, que es el Centro de Adultos emeritense, llegó poco antes del arranque del control, según explicó su director, Antonio Rodríguez.
La Consejería de Educación detalla en su comunicado que "los exámenes se distribuyen a través de un circuito interno al que solo tienen acceso los coordinadores de referencia de cada una de las zonas, que son las personas encargadas de fotocopiar las pruebas". Este departamento "lamenta que se produzcan este tipo de acciones irresponsables, ya que los principales afectados son los alumnos" El PSOE pide más información, por ejemplo para asegurar que no se han producido filtraciones los días previos, mientras que desde la consejería responden que esas pruebas se consideran válidas porque no se detectó ninguna irregularidad.
La puesta en marcha de este programa formativo ha estado rodeada de polémica por la contraprestación económica para los alumnos que obtengan el título, que la Junta considera una "beca incentivo", mientras que para la oposición, los sindicatos y algunas asociaciones de docentes supone una mercantilización de la educación. Ahora la iniciativa llega a su ecuador con una nueva polémica, en este caso por la filtración del examen.
