“Todas las reuniones son interesantes. Siempre hay que buscarles el lado positivo. Y aunque no se haya conseguido el objetivo primero, que era una fecha, la cita ha supuesto un paso más para que por fin tengamos la DIA". De esta forma resumía el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, a la salida de la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el resultado de esta importante cita de esta mañana, que ha sentado en una misma mesa a representantes y técnicos del Ministerio, del Área de Industria de la Delegación del Gobierno, de las centrales sindicales UGT y CCOO, de los trabajadores, de la Junta de Extremadura, así como de los municipios afectados por el cierre de la explotación minera de Aguablanca.
“Por fin han tomado conciencia del problema social del cierre de la mina”, sostiene Antonio Garrote, para quien la presión que se ha venido ejerciendo durante los últimos meses por parte de los trabajadores, de los sindicatos, de la Junta de Extremadura, de los ayuntamientos afectados, de toda la sociedad de la comarca y de los medios de comunicación, ha servido para que desde el Ministerio se entienda “el verdadero problema que supone cerrar Aguablanca”. En este sentido, el alcalde de Monesterio señala que la DIA de Aguablanca “se ha convertido en objetivo prioritario” para la Administración Central.
Voluntad común
En este mismo sentido se ha pronunciado Saturnino Lagar, de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, que salió de la reunión con la sensación de que “todas las partes tenemos la voluntad común de dar celeridad a la DIA”. Y es que, según Lagar, tras esta toma de contacto, Ministerio, representantes de los trabajadores y administraciones locales coinciden en que a estas alturas “el principal problema no es la DIA, sino el problema social que se ha generado en esta comarca”.
Documentación
Durante la reunión se ha concretado la documentación requerida por el Ministerio a la multinacional canadiense para la resolución final de la declaración ambiental. Se trata, de informes hidrogeológicos con respecto a la influencia de la explotación a la protección de espacios ecológicos Natura 2000, en los que estarían trabajando ambas partes, con la intención de aclarar las deficiencias detectadas. Hay que recordar que la petición de esta documentación a Lundin Mining fue el pasado día 8 de agosto, con plazo de tres meses para su entrega, con lo que, para principios de noviembre debería estar resuelta la declaración.
La reunión también ha servido para constatar que todos los documentos e informes que forman parte de la declaración poseen calificación positiva, con lo que se prevé que el resultado final sea el esperado. En cuanto a los retrasos en la elaboración del documento final, explica el alcalde de Monesterio, “desde el Ministerio han intentado justificarlo por la propia complejidad del proyecto”.
