Para Ana Isabel González, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, la situación actual tiene su origen «en la Reforma Laboral del Partido Popular, que ha permitido que las empresas sustituyan a trabajadores antiguos por otros nuevos, con condiciones mucho más ventajosas para ellas y con costes de Seguridad Social mucho menores». «Si no logramos derogarla no podremos solucionar un problema que en la región afecta a 62.600 trabajadores, la mayor parte, mayores de 45 años».
Los parados de larga duración viven «en una situación de desprotección importante porque han perdido todas las coberturas sociales derivadas del desempleo». Por eso, es necesario «poner en marcha un plan de choque dirigido específicamente a este colectivo y reactivar la renta mínima que, aunque no es un recurso de empleabilidad, si es un recurso de protección social que va a facilitar que la persona esté en mejores condiciones para continuar con su búsqueda activa de empleo que en sí misma es un trabajo porque requiere capacidades, tiempo y recursos».
La Junta tiene en su mano «la puesta en marcha de medidas dirigidas a este colectivo, tal como está haciendo, por ejemplo, con el programa Empleo Experiencia o el Programa de Plan de Empleo Social». Pero, puntualiza, «estos programas tienen una capacidad para atender las necesidades laborales de algo más de 7.000 personas y estamos hablando de un colectivo formado por 62.600». Este tipo de programas «no son la solución porque lo que tiene que ocurrir es que el tejido productivo sea lo suficientemente activo para crear por sí mismo empleo». La administración «está implementando estas medidas para paliar la situación de inmovilismo del tejido empresarial».
«Estamos obligados -declara la dirigente—a dar respuestas a la ciudadanía y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y saber colectivo en ello. No podemos hacer dejación de funciones». Gómez insiste en que «lo que no es de recibo que las personas queriendo trabajar, no puedan». S.F.
