Si el algo más de un millón de extremeños que viven en la comunidad autónoma tuvieran que pagar a partes iguales lo presupuestado este año para la región por todas las administraciones públicas --central, autonómica y locales--, cada uno de ellos tendría que poner de su bolsillo 10.644,8 euros. Esta cifra coloca al sistema público extremeño como el tercero más costoso de España, superado solo por otras dos comunidades autónomas, Navarra y País Vasco, y bastante por encima de la media nacional, que se sitúa en 9.816,4 euros per cápita. Los datos los aporta el informe El Coste de la Administración Pública , elaborado por la la EAE Business School con información procedente del Ministerio de Economía y Hacienda, Eurostat y la Encuesta de Población Activa.

Los expertos del EAE destacan que el sector público español ha registrado en los últimos años "un desproporcionado crecimiento", cimentado fundamentalmente en el incremento del gasto en la Administración autonómica. "En lo que va de década el gasto público por habitante a nivel autonómico en España alcanzó los niveles de la economía alemana, habiendo partido en 2000 de una cifra equivalente a la mitad del correspondiente gasto público por habitante en Alemania en ese mismo año", se subraya. Y en este contexto, Extremadura aparece por encima de la media nacional. Así, si en España el gasto autonómico se ha doblado en el mencionado periodo (+100,5%), en Extremadura el incremento se sitúa en el 132%, hasta totalizar 11.709,3 millones de euros para este 2009.

MASA SALARIAL Y el principal catalizador del gasto público, resalta el estudio, es el capítulo de personal. En Extremadura, la masa salarial supone un 25,6% del total presupuestado, el nivel más alto de España, doblando el montante que se destina a inversiones reales en la región, que representa el 12,2%. Además, entre 2002 y 2009, el gasto en personal ha aumentado un 167% en la región, mientras que en toda España ha subido un 94,4%. Por todos estos motivos, el estudio define el caso extremeño como "especialmente llamativo" y subraya que Extremadura es la comunidad autónoma con una mayor importancia relativa de los asalariados del sector público en el total de la economía, con casi un 31% del total. Esta cifra está trece puntos por encima de la media nacional y supera en más de ocho a la siguiente región en el ránking, que es Castilla-La Mancha, con un 22%.

Igualmente, el informe hace hincapié en que del 2005 al 2009 los asalariados extremeños del sector público han aumentado un 15%, más del doble que el promedio español (6,2%), un auge que es ocho veces el experimentado de media en el total de la economía, que fue del 1,9%.

Según los últimos datos del Ministerio de Política Territorial, en enero de este año había en la región 94.041 trabajadores al servicio de la Administración Pública. De ellos, 47.780 pertenecían a la Administración autonómica, 14.006 a la central, 29.418 a las locales y los restantes 2.837 a los centros universitarios. ¿Son muchos? "Depende de con quién te compares", asegura Marisol Salazar, del Area Pública de CCOO Extremadura, que pone un ejemplo: "La sanidad extremeña y la madrileña no pueden tener el mismo número de funcionarios porque en Madrid se han externalizado muchos servicios". También Mario V. González, director del estudio y del centro de investigaciones estratégicas del EAE, reconoce que "habría que estudiar las necesidades del aparato público para cada una de las comunidades autónomas", antes de llegar a ninguna conclusión sobre la idoneidad de su envergadura.

En el caso extremeño, Marisol Salazar indica que hay que tener en cuenta dos aspectos: por un lado, "la dispersión geográfica de la población"; y por otro, "la calidad y la cantidad de los servicios públicos que se prestan en la región". Esta responsable sindical no cree que en ningún caso la estructura del sector público extremeño este sobredimensionada e, incluso, considera que hay margen de crecimiento ya que, argumenta, "existen muchos ámbitos, como el de la ley de dependencia, en los que todavía queda mucho por hacer".

REGIONES CON MENOS PIB Por otro lado, desde el EAE se incide en que "existe evidencia empírica para pensar que aquellas regiones con mayor peso del funcionariado público en la economía tienden a presentar bajos niveles de PIB per cápita". De esta forma, Cataluña tiene un empleado público por cada 25 habitantes; Extremadura, por cada once. "Es una relación que está ahí, pero que en ningún caso debe interpretarse de forma causal. Es decir, no por aumentar los asalariados públicos va a tener que caer necesariamente tu PIB per cápita", matiza Mario V. González.

"En general, mientras más grande es el sector público menos despega una economía", apunta Antonio Fernández, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Uex, que agrega que "no es igual el rendimiento de un funcionario, que por lo general tiene asegurado el puesto de trabajo de por vida, que el de un empleado de una empresa privada. Y en España la productividad general ya es de por sí baja".

Así las cosas, cabe preguntarse si el sector público ha sido en la región una vía de escape para crear empleo ante la existencia de un tejido industrial poco desarrollado. "La relación estadística entre PIB y empleados públicos puede deberse a distintas razones y una de ellas es esta. En el caso de Extremadura es posible que se haya tenido que recurrir al aparato público para emplear a una población en edad de trabajar a la que, por la situación que sea, los medios privados no podían dar empleo", señala Mario González. Y el catedrático de la Uex Antonio Fernández duda de que una política de este tipo sea oportuna: "Para mí ese razonamiento nunca ha sido válido. Una cosa es que no se descuiden las medidas sociales y otras es que una comunidad autónoma se convierta en una ONG".