La puntuación del Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura ha caído cuatro décimas en 2018, hasta un 4,75, y su principal reto sigue siendo mejorar su eficiencia, ya que es la más baja de España.
Así consta en la radiografía anual que ha publicado este lunes la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, que se basa los derechos reconocidos, el gasto y las coberturas de cada territorio.
Extremadura ocupa el puesto número 11 en la clasificación de las comunidades autónomas por el "débil" desarrollo del sistema y en 2018 se quiebra la tendencia positiva de los tres años anteriores, en los que la puntuación había ido subiendo.
El principal reto que tiene la región es su eficiencia debido a la ratio tan negativa que ofrece su importante gasto relativo en este sector, uno de los más altos de todas las regiones, y su limitada cobertura de prestaciones y servicios.
En 2018 el gasto por habitante y año se situó en 456,53 euros, lo que supone un 31,5 % por encima de la media nacional.
En el porcentaje de la inversión de las administraciones públicas sobre el PIB regional, con el 2,594 % registró el dato más elevado de España.
El escaso protagonismo local en la gestión de los servicios sociales en Extremadura, la débil dotación de profesionales en sus estructuras básicas y la inadecuada integración de la atención a la dependencia en el Sistema de Servicios Sociales, que impide aprovechar sus sinergias, pueden ser algunas de las causas de la baja eficiencia, según el informe.
A juicio de esta asociación, la mejora de la eficiencia vertebrando el sistema junto con el nivel local es especialmente crítico cuando Extremadura afronta una de las peores situaciones de España en cuanto a las tasas de pobreza.
"El sistema de servicios sociales extremeño da la sensación de ser un sistema más pensado para reparar (sistema paliativo) que para preparar (sistema proactivo y preventivo)", ha advertido.
En la nueva legislatura, Extremadura debe tener como prioridad, según el informe, desarrollar su Ley de Servicios Sociales, ya que tres años después de su aprobación no se ha desarrollado el texto.
Por ello, ha reclamado la aprobación de un catálogo que concrete los derechos reconocidos, así como la necesidad de una planificación estratégica.
Todo esto provoca un "modelo asistencial", lo que implica que "muchos de los servicios sociales son aún más graciables que basados en derechos subjetivos de ciudadanía".
Otras de las prioridades para los próximos años en Extremadura son ampliar la cobertura de sus rentas mínimas de inserción (solo un 4,7 % de la población por debajo del umbral de la pobreza) y reforzar los servicios sociales domiciliarios (ayuda a domicilio y teleasistencia), en los que presenta "déficits muy significativos", según la asociación.
La ratio de teleasistencia, en concreto, es la más baja del país con el 1%.
Estos servicios, además de favorecer la permanencia en su hogar de las personas con deficiencias funcionales, tienen un gran impacto en la generación de empleo, tan necesario en la región, ha señalado la asociación.
Pero uno de los problemas "más preocupantes", según la radiografía, es el escaso desarrollo de su red de servicios sociales de atención primaria (básicos o comunitarios), con solo un profesional por cada 3.592 habitantes, una ratio muy inferior a la media del país, que es de 2.348.
Respecto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, Extremadura sí ha logrado en los últimos años una evolución muy positiva de sus Sistema de Atención a la Dependencia.
De manera, detalla el informe, que se encuentra por encima de la media nacional tanto en la cobertura que ofrece en relación con las personas potencialmente dependientes, 11,19 %, como, por primera vez, en su nivel de desatención.
Esto se conoce como "limbo de la dependencia", en el que Extremadura, con un 12,5 %, presenta un dato mucho mejor que la media española (19,2).
