Caso cerrado. La exsecretaria general de la Universidad de Extremadura será condenada a un año y medio de prisión y al pago de una multa de unos 3.600 euros (30 euros diarios durante cuatro meses), por un delito de falsedad en documento oficial en concurso con un delito de intrusismo en grado de tentativa tras haber intentado facilitar a su marido el acceso a un puesto de profesor asociado con un título universitario falsificado. Esta es la condena que ella misma, I.D.F. , ha aceptado en un acuerdo de conformidad rubricado entre las partes litigantes y que evita así la celebración de juicio.
El pacto se cerró el pasado lunes entre los dos acusados, ella misma y su marido, J.J.A., la Fiscalía de Cáceres y la acusación particular representada por la Universidad de Extremadura. La exsecretaria no irá a la cárcel porque la pena es inferior a los 24 meses ni tiene antecedentes penales y, por lo tanto, podría seguir trabajando como profesora en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la UEx, como viene haciendo actualmente. Lo que no podrá es ostentar un cargo público en la institución extremeña durante al menos un año, ya que la condena también incluye la inhabilitación.
Tampoco pasará por prisión su marido, que ha aceptado una condena de siete meses y el pago de una multa de unos 1.100 euros, a razón de doce euros diarios durante tres meses. No obstante, según ha podido saber este diario, J.J.A se ha declarado insolvente.
CESE E INVESTIGACIÓN
El caso se destapó en febrero del 2017, cuando J.J.A se intentaba presentar a un concurso para optar a una plaza de profesor asociado en el departamento de Economía Financiera y Contabilidad en la universidad extremeña. Lo hizo supuestamente como licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, pero con un título universitario falso que fue compulsado para tal fin por la secretaría general de la UEx, en esos momento dirigida por su mujer. Con ese título falsificado, J.J.A habría accedido además a estudiar un máster y a un concurso de méritos previo convocado también por la UEx para una plaza de personal científico e investigador. Ahora optaba por tercera vez a convertirse en profesor.
Sin embargo, aquella documentación levantó sospechas en el tribunal de ese proceso selectivo y comenzó una investigación interna que acabó con el cese de la secretaria de la UEx, nombrada por el exrector Segundo Píriz en 2010, y una denuncia de la institución ante la Fiscalía de Badajoz. Posteriormente, ante la evidencia de tratarse de un hecho constitutivo de delito, el asunto fue trasladado al Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, el cual procedió a su instrucción.
INOCENCIA
Desde que se conocieron los hechos, I.D.F. siempre ha defendido que desconocía que el título universitario de su marido era falso, sin embargo, al aceptar esta condena también parece estar reconociendo los hechos delictivos que se le presuponían desde el primer momento. Según un auto emitido por la Audiencia, J.J.A llegó a reconocer la falsedad de su titulación y declaró que su mujer lo desconocía. La exsecretaria general de la UEx llegó a solicitar el sobreseimiento de la causa argumentando que «una compulsa no garantiza la autenticidad del documento» e insistiendo en que ella creía que su marido sí había cursado tales estudios.
Criticó además que la acusación particular que ejercía la universidad era una «persecución» hacia su persona y para tapar la filtración de la EBAU que tuvo lugar en junio del 2018. Aseguraba así que era «cabeza de turco» para generar «una cortina de humo con la que tratar de desviar la atención sobre una de las mayores negligencias y fiascos cometidos por la institución y sus responsables en los anales de su historia».
Una vez firmado este acuerdo de conformidad, que se alcanzó en un acto el pasado 13 de enero, la Audiencia Provincial de Cáceres debe emitir ahora una sentencia con todos los detalles del acuerdo, contra la que no cabe posibilidad de presentar recurso porque es firme.
