Extrabajadores de la organización agraria Coag Extremadura han reconocido a este diario la existencia de prácticas irregulares en la gestión de los cursos por los que recibían ayudas de formación. Algunos de estos exempleados mantienen que el presunto fraude en el que se implica al exdirigente agrario Luis Cortés podría ser anterior al 2002, fecha en la que se ha iniciado una investigación por parte de un juzgado de Mérida.
Tal y como adelantó ayer EL PERIODICO, el nuevo proceso judicial abierto es una derivación del fraude por el cobro irregular de ayudas por el higo seco. En esta investigación, la cantidad defraudada podría alcanzar los 9 millones de euros y en la misma están imputados, además de Cortés, otros exdirigentes de Coag y de la cooperativa Iniciativa Rural, así como trabajadores de Jóvenes Agricultores.
UNA ASUNTO ANTIGUO Los exempleados de la organización agraria admiten que algunos cursos no llegaban a celebrarse o se impartían con menos asistentes de los que luego se declaraban para recibir la ayuda por formación. "En muchas ocasiones, ni los técnicos que los impartían recibían el dinero prometido, entre otros motivos porque ellos eran trabajadores contratados por Coag", señalan.
Este nuevo proceso es el resultado de la información obtenida a raiz de la documentación que fue incautada en las sedes de la organización agraria y en la misma se ha podido conocer que Luis Cortés contaba con un entramado de hasta 30 sociedades intermedias a través de las que canalizaba la organización de cursos y el cobro de ayudas. "Parece difícil que él solo (en referencia a Cortés) pudiera organizar todo esto", advierten algunos de los extrabajadores consultados por este periódico.
Desde Coag Extremadura se ha reconocido que no se tenía conocimiento de este asunto, ni de que el exsecretario de la organización hubiera hecho uso de su información privilegiada para presuntamente lucrarse, tal y como se plantea en el proceso judicial abierto en Mérida.
